El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó ayer con recortar fondos a las llamadas "ciudades santuario", aquellas que se niegan a colaborar con las autoridades federales para deportar a los indocumentados y a los inmigrantes que han cometido algún crimen.
El Ejecutivo ya había formulado esta amenaza anteriormente, pero ayer el fiscal general, Jeff Sessions, dio un ultimátum a las alrededor de 200 entidades locales que protegen de la deportación a los inmigrantes y entre las que se incluyen grandes urbes dirigidas por la oposición demócrata, como Los Ángeles, Chicago y Nueva York.
"Cuando las ciudades y los estados se niegan a ayudarnos a hacer cumplir nuestras leyes, nuestro país es menos seguro. No deportar a los inmigrantes que han sido condenados por crímenes pone a todas nuestras comunidades en riesgo", afirmó Sessions, que apareció por sorpresa en la rueda de prensa diaria de la Casa Blanca.
"El presidente ya dijo correctamente que esta desobediencia a la ley debe terminar", añadió.