¿Hay garantías para la libre expresión en Durango?

El asesinato de periodistas es un tema que ha cobrado importancia una vez más en todo el país, sobre todo por el más reciente caso ocurrido en Chihuahua, donde murió a balazos Miroslava Breach.

Su caso, como todos los demás, sigue impune. Porque las oficinas de gobierno en todos sus niveles siempre hacen como que avanzan en las investigaciones, pero, en los hechos, no hay interés real para esclarecer tan lamentables episodios.

Pese a que la comunidad dedicada a la prensa en México patalea y realiza manifestaciones y protestas para condenar esta situación en todo el país, en la vida real nada pasa, a nadie se castiga, nunca hay culpables para considerar esclarecido quién y por qué actuó de forma tan violenta con los comunicadores.

Así, los casos de periodistas que han sufrido violencia como consecuencia de su actividad informadora parecen ir en aumento sin que le preocupe a las autoridades, quienes en ocasiones ofrecen paliativos -y siempre en medio de las crisis- como la creación de leyes o reformas que contemplen algunas medidas a favor de garantizar la libre expresión. Y a la vuelta se comprueba que es letra muerta.

En Durango no cantamos mal las rancheras. Ayer ofrecieron rueda de prensa los representantes de los diferentes organismos de periodistas y comunicadores, quienes coincidieron que el factor común es la impunidad, por ejemplo en los casos de periodistas duranguenses asesinados.

Aquí se creó una ley que permitiría garantizar el libre ejercicio del periodismo, sin embargo, las instancias que contempla crear dicha normatividad para que puedan servir de respaldo a esa expectativa, simplemente no existen. El poder legislativo se dijo satisfecho con hacer copy-paste de las leyes similares de otros estados, y los pasos siguientes jamás se dieron.

Es la triste historia de un estado donde se puede tener libertad de expresión, pero condicionada, es decir, existe ese precepto en los discursos, porque en la práctica es posible siempre que esa libertad no afecte a los grupos de interés más importantes e influyentes, ya sea de origen gubernamental, político, económico, religioso, social y por supuesto delictivo.

Entre las muchas formas de aplicar censura y coartar así la llamada libertad de expresión, se está poniendo más de moda cada día la activación de grupos de perfiles falsos, los llamados troles, pero también páginas anónimas y muchos otros mecanismos para amedrentar, sembrar miedo, difamar y provocar hostigamiento hacia quienes pueden puntos de vista diferente, formas distintas de expresar una idea.

Las autoridades y los grupos políticos han caído en la tentación de alimentar sus equipos digitales, pero no con un propósito constructivo o para brindar una mejor atención a la ciudadanía en estas plataformas, sino para contar con auténticos ejércitos de usuarios apócrifos simulados que obedecen instrucciones para desprestigiar a la gente o a las instituciones que afectan sus objetivos e intereses.

En otros casos hay formas más rudas de azuzar a los periodistas, como es el robo de sus pertenencias, afectar sus vehículos o viviendas, hacerlos sentir el temor de continuar su labor informativa pues los mensajes son a veces tan claros que no hay forma de pensar que se trató de un robo común como el que podría sufrir cualquier ciudadano.

En Durango la censura no sólo aplica con balas o violencia. También se da provocando el despido laboral de los periodistas que hayan cometido el grave error de criticar de más a alguno de los grupos de interés. Ocurre también cerrando espacios, solicitando la cancelación de columnas de opinión en los diarios, etcétera.

Sin embargo, muchas de esas maneras de expresar las viejas prácticas de represión, incluso a veces policial, persisten porque se suman al menos tres factores: 1.- gente que trae viejos rencores; 2.- una sed inexplicable de desquite; y 3.- la oportunidad de tener poder por primera vez en su vida.

Ante esto, si no lo saben controlar, llegan a cometer excesos y abusos de autoridad, como si el puesto que les permiten sus jefes tener fuera eterno. Muchas de las veces porque es más fácil adjudicar culpas a otros antes de aceptar la posibilidad de la equivocación, antes de admitir el error propio en el actuar o en el aconsejar, antes de reconocer que puede más el sobrante de soberbia para decidir.

A Durango le hace falta que haya un verdadero cambio en la manera de concebir la libertad de expresión. No se trataba de que hubiera libertad para que se me permitiera decir lo que yo quería cuando era oposición, y volver al sistema de siempre si ya soy autoridad. La libertad no tiene condiciones, e implica una gran madurez para aceptar que quien no adula siempre no precisamente es enemigo, o mercenario, como también los hay.

Nuestro estado tiene mucho por avanzar y mejorar, y qué mejor que suceda bajo un entorno menos opresor y más abierto a dialogar y disentir. Ese fue el clamor general hacia el régimen que se fue el 5 de junio de 2016. Ojalá no se repita. En las manos de los ciudadanos está que eso no ocurra.

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