Protege la Corte los vuelos de Peña Nieto
La Suprema Corte de Justicia resolvió que toda la información sobre rutas, horarios y lugares de salida y llegada de la flota aérea Presidencial es reservada y no debe publicarse.
El Pleno de la Corte revocó una resolución dictada en octubre de 2015 por el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), impugnada por la Consejería Jurídica del Ejecutivo, por considerar que difundir ese tipo de datos pone en riesgo la seguridad nacional.
Seis ministros votaron por cerrar toda la información, tres por publicar sólo nombres de las localidades de salida y llegada, sin detalles del punto exacto de despegue y aterrizaje, y sólo José Ramón Cossío votó por confirmar el fallo del INAI.
Es la primera vez que la Corte se pronuncia sobre este tema, que pudo analizar en razón de un recurso previsto en la Ley General de Transparencia vigente desde 2015, que permite al Ejecutivo impugnar órdenes del INAI que a su juicio afecten la seguridad nacional.
La flota área a disposición del Estado Mayor Presidencial (EMP) está integrada por al menos 13 aviones y 9 helicópteros que son utilizados por múltiples funcionarios y dependencias además del titular del Ejecutivo, incluido en ocasiones el Poder Judicial.
El EMP había accedido a entregar información sobre planes de vuelo, itinerarios y pasajeros, pero sólo de los vuelos del presidente y sólo en giras oficiales, en el periodo julio a octubre de 2014.
En 2015, por votación de cuatro contra tres comisionados, el INAI resolvió que el EMP debía entregar los datos de horarios y lugares de salida y llegada, así como las rutas técnicas, pero estas últimas sólo de aviones, no de helicópteros.
En la Corte, Javier Láynez propuso revocar el fallo del INAI, pero publicar al menos las localidades de salida y llegada, "para favorecer la rendición de cuentas sobre el uso de recursos públicos", según justificó.
La mayoría fue tajante al rechazar esa opción, y en la sesión del jueves pasado, el presidente Luis María Aguilar criticó duramente al INAI.
"La decisión del INAI no fue precisamente la adecuada y no protege, como lo exige el artículo sexto Constitucional, las condiciones de seguridad nacional", dijo.
"En cambio establece un criterio que pudiera ser contrario a él (el artículo sexto)", advirtió.
"Todo esto puede formar parte de toda una estrategia y de unos razonamientos que, a quien estuviera interesado en afectar la seguridad nacional, le permitiera establecer patrones de conducta o de actuación de la autoridad que se está protegiendo en la propia Ley de Seguridad Nacional", agregó.
En marzo pasado, el Ejecutivo impugnó una nueva orden del INAI para entregar datos de las bitácoras de la flota Presidencial en 2015 y 2016, misma que la Corte seguramente revocará en términos similares a los de ayer.
