C On la detención de Tomás Yarrington, en Italia, y la revelación de las acusaciones que le imputan los norteamericanos se complementa un catálogo práctico de las diversas fórmulas a las que puede recurrir un gobernador para enriquecerse en el ejercicio del poder. Va desde el desvío en efectivo de recursos públicos, como lo hizo Andrés Granier en Tabasco, hasta el cobro de piso a los cárteles de la droga para dejarlos operar libremente.
Basta revisar los casos de los cinco gobernadores que hoy están prófugos o en la cárcel para tener una variedad que seguramente puede servir de manual para ilustrar las diversas maneras en las que se puede abusar del poder. Las vías que utilizan son muy diferentes aunque el fin es exactamente el mismo.
Las denuncias en contra de los ex gobernadores siguen el orden cronológico en el que finalizaron su mandato, pues casualmente todas empezaron a descubrirse hasta que estaban próximos a terminar (Javier y César Duarte, Guillermo Padrés) o cuando ya habían finalizado su mandato, el caso de Andrés Granier y Tomás Yarrington.
En el caso de Granier, su modus operandi fue el desviar recursos del erario (principalmente del presupuesto dedicado al sector salud) en beneficio personal, pero lo que hacía era desviar el dinero en efectivo hacia sus cuentas personales, o bien, los tenía enterrados o guardados en cajas en inmuebles a nombre de sus allegados, como ocurrió con los casi 100 millones de pesos que encontraron a fines de 2013, en una refaccionaria de la secretaria del titular de la tesorería durante el gobierno de Granier.
En el caso de Guillermo Padrés, en Sonora, lo que se ha descubierto hasta el día de hoy fueron básicamente dos vías para impulsar sus negocios personales o los de sus familiares más cercanos, en este caso a través del desvío de recursos para la realización de obras, o bien, la condonación indebida de impuestos o recargos.
Javier Duarte, hasta el momento el caso que involucra un mayor volumen de recursos públicos, la principal vía fue la creación de empresas fantasmas a las que le asignó contratos de toda índole, del gobierno de Veracruz, para poder pagarles sus presuntos servicios. En el caso del gobernador de Chihuahua, César Duarte, una de las vías fue el depositar más de mil millones de pesos del erario público, en un banco del que era propietario, así se beneficiaba de los diferenciales de tasas de interés para hacer crecer su negocio personal.
Y, ahora en el caso de Tomás Yarrington, la principal acusación es por el cobro de piso al Cártel del Golfo para permitirle operar libremente en el territorio tamaulipeco, que por supuesto tiene una posición geográfica estratégica por su amplia frontera con los vecinos del norte. En este caso, se trata de "hacerse de la vista gorda" para que nadie impida las actividades delictivas del grupo protegido.
Aunque la revisión es muy somera y a partir de las actividades más destacadas en los medios de comunicación masiva sirve para ilustrar la multiplicidad de vías en las que se aprovecha el ejercicio del poder público, para el enriquecimiento personal de los gobernadores mexicanos. Pero también sirve para imputar responsabilidades y para tratar de prevenir este tipo de prácticas en el futuro.
Por supuesto que en todos los casos los gobernadores contaron con la complicidad de diversas autoridades, estatales y federales, requieren de diverso nivel de involucramiento de cada uno de ellos. En primera instancia todas las dependencias estatales responsables de ejercer el gasto y la instancia de control interno (Contraloría en casi todos los casos), además de la misma tesorería estatal, que en muchos de los casos no tuvo el mínimo de cuidado en la asignación de los recursos.
También evidencian claras deficiencias de los órganos estatales de auditoría, que particularmente a partir de la reforma constitucional de 2015, tienen más atribuciones y debieron haber detectado con toda oportunidad los desvíos en los que incurrieron los titulares del Ejecutivo; pero también lo tiene la Auditoría Superior de la Federación, que aunque oportunamente señaló las irregularidades detectadas en el ejercicio de los recursos federales, no dio el seguimiento adecuado para que las autoridades responsables (Secretaría de la Función Pública o la Procuraduría General de la República) procedieran conforme a derecho.
Pero también hay que revisar la actuación de las secretarias federales responsables de las áreas involucradas (salud, educación, desarrollo social, obras públicas, etc.) en la medida en que se involucraron recursos federales.
Sin embargo, en el caso de Yarrington la responsabilidad directa del combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada es la autoridad federal, así que las investigaciones tienen que incluir, por lo menos, a la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública Federal, que eran las instancias responsables de dichas tareas. Tomando en cuenta que su sexenio abarcó de 1999 a 2004, todavía no había el involucramiento decidido del Ejército y la Marina, pero sí de la Policía Federal, por lo cual también habría que incluirlos en dichas investigaciones.
Ciertamente los escándalos están aflorando ya durante el actual sexenio federal, pero muchas de las acciones se cometieron durante los anteriores gobiernos y, si bien la mayoría de los involucrados son gobernadores priistas, en varios de los casos requirieron de la complicidad (aunque fuese únicamente de omisión) de las autoridades federales durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, que hoy hacen señalamientos como si ellos jamás hubiesen ocupado la Presidencia de la República.