La detención del ex gobernador priista de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, pone en un primer nivel de atención el tema de la corrupción y la impunidad como vicios capitales del sistema político mexicano y la pregunta obligada es: ¿cuándo es el turno de los Moreira?
Lo anterior por doble motivo, porque el tema Moreira nos atañe como coahuilenses de manera directa y entrañable en virtud de la quiebra económica, moral e institucional que impera en la entidad, y en segundo lugar porque Humberto Moreira fue el creador de una escuela de corrupción que a partir de la formación de un sindicato de gobernadores priistas durante el sexenio pasado, generó una estructura perniciosa que a base de malversación de dinero público y alianza con el crimen organizado, llevó al exgobernador a la presidencia nacional de PRI para instrumentar el regreso de dicho partido a Los Pinos.
De ahí que la corrupción existente en nuestro país por defecto, en el caso del nuevo PRI se convirtió en principio y motor del sistema hasta llegar a los excesos que hoy contemplamos, inmersos en el azoro personal y la vergüenza nacional, que hace ver a nuestro país en el mundo, como un peligro para el resto de las naciones.
A la anterior conclusión se llega de la lectura de las declaraciones del Fiscal de Guatemala, publicadas el día de ayer en la primera plana de El Siglo de Torreón. A cuestionamiento expreso que se hizo al funcionario guatemalteco sobre la oportunidad de la detención de Javier Duarte, el fiscal del vecino país asegura que la dependencia a su cargo actuó en forma oportuna "al compás de las solicitudes del gobierno mexicano..." y si bien reconoce que el exgobernador de Veracruz estuvo en Guatemala desde el mes de noviembre pasado, Duarte no fue detenido porque no existía de por medio, una solicitud formal del Gobierno Mexicano sobre el particular y que fue hasta el día quince del presente mes de abril (hace cuatro días) en que el Ministerio Público a su cargo recibió "una nota verbal canalizada a través de la embajada de México... en la que el Gobierno (mexicano) pedía la aprehensión provisional (de Duarte) con miras a una solicitud formal de extradición...".
Lo declarado por el funcionario guatemalteco no tiene ni pies ni cabeza desde el punto de vista jurídico y obliga a pensar que la verdad es otra y es preciso desentrañarla.
El artículo 16 de la Constitución General de la República Mexicana, consagra el principio de legalidad que entre otras cosas, postula que nadie puede ser privado de su libertad salvo que medie orden escrita de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Lo anterior quiere decir que las "notas verbales" que impliquen una orden de "aprehensión provisional" con fines de extradición no tienen existencia jurídica y el que se pudiera hacer algo así por vía diplomática, no sólo es absurdo sino escandaloso.
Leyendo la nota entre líneas, lo lógico es deducir que en efecto Javier Duarte de Ochoa estuvo entrando y saliendo de Guatemala desde el mes de noviembre del año pasado y ante el riesgo grave que supuso la presencia de un delincuente internacional provisto de dinero a manos llenas, en cantidades suficientes para plantear un riesgo a la seguridad del país anfitrión, la fiscalía guatemalteca tomó la iniciativa de aprehenderlo en forma unilateral y ponerlo a disposición de las autoridades mexicanas, a las que no quedó más remedio que aceptar los hechos consumados, frente al desprestigio mayor que hubiera supuesto para el gobierno de Peña Nieto el negar la existencia de la orden de captura y la solicitud de extradición.
A lo anterior corresponde que el sujeto haya sido detenido rodeado de su familia, en un viaje de estilo vacacional que lejos de implicar forma alguna de ocultamiento, reveló la impunidad con la que en los últimos seis meses el sujeto viajaba de México a Guatemala con frecuencia y sin obstáculo a la vista.