Necesario, revisar procesos de adopciones Los Huachicoleros
Una nueva forma de delincuencia está en auge: los chupaductos, huachicoleros u ordeñadores de combustible saltaron a la agenda pública debido al enfrentamiento en Puebla y el posterior anuncio del plan integral contra la ordeña de hidrocarburos del Gobierno Federal.
Si bien no es un problema nuevo, si ha alcanzado niveles críticos, durante 2010 Pemex detectó 691 tomas clandestinas y para el 2016, la cifra se disparó hasta 6 mil 873. Es un negocio de 20 mil millones de pesos anuales, y se estima que el crimen organizado podría estar controlando hasta el 20 % del mercado nacional de los combustibles, siendo Puebla, seguida por Guanajuato, Tamaulipas, Veracruz y el Estado de México los más perjudicados.
Es innegable que quienes roban hidrocarburos cometen un delito muy grave y peligroso, ya que además de robar al país, ponen en peligro su vida y la de los habitantes de comunidades cercanas, además de causar un daño ambiental, en caso de alguna explosión.
El fenómeno de los huachicoleros tiene múltiples lecturas y consecuencias, de entrada debilita el estado de derecho y refleja una sociedad en decadencia; muestra que sigue existiendo un alto nivel de impunidad y que los estímulos para delinquir son mucho mayores que la posibilidad de ser arrestado.
Asimismo, como es con el narcotráfico, esta actividad cuenta con una base social de soporte, ya que sus ilícitos se realizan en comunidades marginadas, cuya única fuente de empleo es esta actividad, provocando una normalización del delito, incluso está surgiendo una subcultura, representada por el Santo Niño Huachicolero y la Cumbia Huachicolera.
También pone en evidencia, una amplia red de corrupción, tanto entre los funcionarios y técnicos de Pemex, quienes son los que tienen la información y pericia para hacer la ordeña de los ductos; de las autoridades locales que saben dónde se expende el producto robado, así como de gasolineras establecidas que llegan a comprar este producto robado y de los propios transportistas que deciden maximizar sus ganancias comprando gasolina por 10 pesos el litro.
El Congreso de la Unión no ha ignorado esta problemática, apenas a principios del año pasado fue publicada una nueva Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en contra de la Industria Petrolera, lo que vino a cubrir varios vacíos legales; asimismo, hace apenas hace 2 semanas, los Diputados Federales decidieron aumentar las penas, para alcanzar de 20 a 30 años de prisión y multas de casi 2 millones de pesos.
Aunque no necesariamente el aumento de castigos tenga un efecto disuasivo, si es una señal muy importante para la sociedad, que acompañada de una estrategia de combate frontal para evitar la impunidad, así como el desarrollo de actividades económicas para reactivar a la región, pueden ser muy eficaces para combatir este grave delito.
También será importante poner los reflectores en que hacer para evitar que los niños y mujeres sean utilizados como escudo, así como lo vimos en Puebla, y que propició que las fuerzas públicas no pudieran repeler la agresión. No hay excusas para delinquir y bajo ninguna circunstancia se debe de normalizar ni la violencia ni los robos.
Twitter: @omarortegasoria