Aprueban Sistema Local Anticorrupción
Por unanimidad, el Congreso del Estado aprobó ayer los 52 artículos que conforman la Ley del Sistema Local Anticorrupción.
Este jueves se llevó ante el pleno el dictamen emitido por las comisiones unidas de Justicia y Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado, en lo que podría considerarse como el eje rector de los organismos, consejos, comités y órganos que deberán interactuar para combatir la corrupción en Durango.
Para la dictaminación, las comisiones legislativas antes mencionadas consideraron tres iniciativas presentadas por las diferentes fuerzas políticas del Congreso, incluso una era de la Legislatura pasada.
Los diputados locales resaltaron la participación de diferentes sectores sociales, profesionales y de la iniciativa privada en la discusión de las propuestas que existían sobre el tema; aunque el margen de "maniobra" implicó sólo algunos aspectos, pues por lineamientos constitucionales la legislación estatal debía estar apegada al marco general del Sistema Nacional Anticorrupción.
Tras la aprobación del dictamen, el Poder Legislativo solicitó al Gobierno del Estado que el decreto fuera publicado lo más rápido posible, para que la próxima semana sea lanzada la convocatoria pública para elegir a nueve integrantes del Comité de Selección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana.
La sesión se retrasó por espacio de dos horas, debido a que siete de los 52 artículos fueron reservados en la discusión de las comisiones unidas. Uno de los casos fue para definir al resposable de auditar al órgano de la Secretaría Ejecutiva de Sistema Local Anticorrupción.
Una de las propuestas era que lo auditara la Secretaría de Contraloría, que se descartó por ser una dependencia del Gobierno del Estado y el Sistema Estatal precisamente combatirá la corrupción en los poderes; otra que lo hiciera un órgano interno de control propio pero finalmente se aprobó que dicha resposabilidad quede en manos de la Entidad de Auditoría Superior del Estado (EASE).
También se aprobó que los miembros del Consejo de Participación, además de presentar sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses, deberán estar al corriente en todas sus obligaciones fiscales.