¿Un retroceso a los derechos de las audiencias?
En el marco de una temporada de violencia, en donde en el ámbito periodístico está muy fresco el asesinato de Javier Valdez y el sentimiento de impotencia por Miroslava Breach, sumándole la grave situación en Tamaulipas, Guerrero y Colima, además de la amenaza de los huachicoleros, se pone de manifiesto la relevancia de fortalecer el derecho de todos a expresarse libremente.
Uno de los elementos fundamentales en un Estado que presuma ser democrático, es la libertad de expresión. Los ciudadanos necesitamos informarnos a través de medios de comunicación que ofrezcan datos veraces, oportunos y con sentido ético. Reconocer lo que está mal, es el primer paso para poder cambiarlo, de ahí la importancia de la labor periodística responsable.
Si bien un atentado contra algún medio de comunicación, periodista o columnista debe de ser especialmente condenable, también es muy importante poner en la agenda publica el derecho de las audiencias ante los contenidos que ofrecen los medios de comunicación, esto viene a colación por el dictamen aprobado en las últimas sesiones en la Cámara de Diputados sobre la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Ante lo que fue uno de los dictámenes más criticados y tal vez el más ignorado, a pesar de la relevancia de su contenido, se aprobó modificar diferentes artículos en materia de derechos de la audiencia y regulación de los concesionarios. Su historia se remonta cuando en diciembre de 2016 fueron publicados los lineamientos del Instituto Federal de Telecomunicaciones para la defensa de las audiencias, y después de que distintas voces alertaron sobre los riesgos de sobrerregulación y de limitaciones a la libertad de expresión, la Presidencia de la Republica y el Senado interpusieron acciones de inconstitucionalidad.
Ante esto, diferentes legisladores decidieron presentar una iniciativa para modificar la ley en la materia y reformar los fundamentos para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones emitiera estos lineamientos; la cuestión era como equilibrar el derecho de expresión con los derechos de las audiencias y la clave era como diferenciar la opinión de la información.
Es muy común, que en diferentes espacios periodísticos, se intercale información con opinión, o incluso que se hagan inserciones publicitarias. La actual ley lo que hace es prohibir y sancionar dichas conductas, sin embargo algunas voces comentaban que lo único que produce es tener un proceso de comunicación poco fluido, donde el periodista tiene que estar aclarando cada vez que hay una opinión o un parecer personal, o tendría que eliminarlo por temor a ser sancionado.
Si los comunicadores no cumplían entonces con esta obligación, eran multados, constituyendo una limitante y una amenaza a la libertad de expresión. El propio Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha dicho que la distinción entre opinión e información es contraria a la libertad de expresión, ya que ambos términos son indisolubles.
Aunque existen los argumentos para eliminar la distinción entre información y opinión, considero que el proceso para la aprobación de este dictamen no fue el mejor, hubo muchas quejas sobre la rapidez, su poca transparencia y que no se hizo un mayor análisis involucrando a las partes y a los académicos.
Al final, aunque no se eliminó tal cual la obligación, si se le dio manga ancha a los concesionarios para autorregularse, para que a través de sus propios códigos de ética y sus defensores de audiencia puedan evitar dicha conducta. Queda la sensación de que algo pudo haberse hecho mejor.
Twitter: @omarortegasoria