La obligada reforma electoral a las leyes estatales para regular la reelección inmediata de diputados estatales y presidentes municipales, abre la puerta para que nuevamente se revisen los términos en los que se permite la participación de los candidatos independientes y, al menos en el caso de Nuevo León, evidenciaron el abuso que pretende hacer de la figura el gobernador independiente Jaime Rodríguez.
Ahora resulta que quieren tener acceso a la representación proporcional en el Congreso del Estado, como si se tratara de un partido político, es decir, que se sumen las votaciones de los candidatos independientes a diputados locales en todo el estado, sin importar si hay varios en un mismo distrito, y si logran más del 3% de los votos se les asignen una o más diputaciones plurinominales.
Pretenden no entender (o de plano no entienden) que los candidatos independientes no tienen relación ideológica o programática, incluso pueden representar corrientes de pensamiento o grupos poblacionales totalmente opuestos; pueden ayudarse estratégica o tácticamente durante el proceso electoral, pero será una colaboración totalmente instrumental. Si tienen una identidad común, más allá de la colaboración coyuntural que establezcan para una determinada elección, entonces deben optar por la vía de formar un partido político, no de las candidaturas independientes pues éstas no fueron aprobadas con ese fin.
Tienen acceso a la representación proporcional en los casos en que la ley los obliga a presentar planillas, como es el caso de los Ayuntamientos; y, aunque todavía no hay ningún precedente, deberían tener acceso a la senaduría de primera minoría, en el caso de que una fórmula (los dos candidatos a senadores por una entidad federativa, con sus dos respectivos suplentes) obtenga el segundo lugar en la elección de un estado. Pero en ese caso sí hay una propuesta común de la planilla o de los 4 candidatos a senadores.
Otro tema en el que se consideran maltratados es en el del financiamiento, tanto en el público como en el privado, cuando en realidad hoy hay más claridad al respecto y las disposiciones que se establecieron básicamente parten de la legislación nacional o de los precedentes de las autoridades jurisdiccionales. En el caso del financiamiento público, se les trata igual que un partido de reciente registro, que ciertamente compite en condiciones de evidente inequidad con respecto a los partidos con registro ya refrendado en las urnas, pero sería igualmente inequitativo que les dieran más recursos a los candidatos independientes que a los nuevos partidos.
En todo caso la discusión debe ser sobre la desigualdad que produce la forma de distribución de la bolsa global de financiamiento, pues desfavorece a los partidos y fuerzas emergentes; pero no puede centrarse únicamente en los candidatos independientes.
En el caso del financiamiento privado, la norma es que el tope del financiamiento privado es el 50% de los topes de gastos de campaña del puesto para el que compite (diputado local o alcalde) lo cual es muy razonable, especialmente porque son los candidatos independientes (incluyendo a los triunfadores) los que más se quejan del excesivo financiamiento público y el exagerado gasto de campaña, entonces tener como techo más del 50% (el 50% que obtengan de particulares o que ellos mismos inviertan en sus candidaturas más el financiamiento público que les corresponda) de lo que eventualmente gastarán (o al menos, reportarán que gastaron) los candidatos de los partidos es muy coherente con el discurso que los independientes han enarbolado (y en el que por cierto coincido plenamente).
Pero lo que resulta otra aberración (la primera es la de pretender acceder a la representación proporcional los congresos locales) es que ahora se quejen de que bajaron el requisito de firmas, es decir, cuando les conceden lo que ellos demandaban: disminuir las firmas requeridas, ahora lo ven como una gran trampa.
Para decirlo con toda claridad: el Bronco y su equipo actúan exactamente igual que los partidos políticos, cuando están fuera piden flexibilizar los requisitos porque ellos quieren alcanzarlos; pero una vez que están en el gobierno, piden endurecerlos y elevarlos, para que no haya más competidores. Desde afuera son incluyentes, pero cuando están adentro son excluyentes. Cierto una de las posibles consecuencias de flexibilizar los requisitos es que habrá más candidatos y el votos se puede pulverizar; pero ese es un riesgo en cualquier elección.
Pero estos reparos tienen que ver con la perversa estrategia del Bronco y su equipo de lanzar candidatos independientes a todos los puestos de elección popular en la elección intermedia del 2018, para lograr tener aliados en el Congreso y en las alcaldías. Todo indica que en 2018, en Nuevo León, tendremos una elección en la que la competencia será entre las supuestas candidaturas independientes (promovidas, apoyadas y construidas por el gobierno de Jaime Rodríguez) y las estructuras partidistas del PRI y el PAN, principalmente.
Lo que Jaime Rodríguez y su equipo quieren es tener el monopolio de las candidaturas independientes, para lo cual es importante que los requisitos de entrada sean más altos; pero una vez que los cumplieron, quieren un piso más parejo entre todos los competidores y, por supuesto, participar también en el reparto de posiciones de representación proporcional, pues en realidad sí son un nuevo partido político -oficialmente conformado por candidatos independientes-, que se aprovecha de su posición en el gobierno (como hacen todos los partidos políticos) para distraer recursos públicos para sus campañas electorales. Serán los primeros candidatos independientes, dependientes del presupuesto del gobierno del estado.