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La violencia sexual, una realidad alarmante para la infancia en Bolivia

La violencia sexual, una realidad alarmante para la infancia en Bolivia

La violencia sexual, una realidad alarmante para la infancia en Bolivia

EFE

La violencia sexual contra niños y niñas se ha convertido en una realidad casi habitual en Bolivia, un crimen que queda muchas veces impune y ha llevado a debatir la cadena perpetua para violadores que acaben con la vida de los menores.

Solo en el departamento de La Paz, el segundo más grande de Bolivia, los casos de violaciones a menores se han triplicado en los cuatro primeros meses del año respecto de los primeros del 2016, al pasar de 12 a 36, según datos policiales.

Y no son solo cifras, sino noticias casi diarias: es el caso de una bebé de un año a la que violó su padrastro y el padre de este, y después asfixiaron en Cochabamba (centro); o el de una pequeña violada por su padre y su hermano desde sus 8 años hasta los 13.

O el padre que contagió una enfermedad venérea a un niña de tan solo 14 años después de 4 años de violaciones constantes.

Según los últimos datos nacionales conocidos, que fueron difundidos en 2014 por la Defensoría del Pueblo, cada día 16 niños y niñas sufren vejámenes sexuales, aunque solo cinco denuncian.

Además, mientras el promedio de menores víctimas de la violencia sexual en el mundo está en el 8 %, en Bolivia llega al 23 %, según esa misma fuente. También son frecuentes los infanticidios.

El artículo 15 del Código Niño, Niña y Adolescente de 2014 preveía la aprobación a su vez del Programa Integral de Lucha Contra la Violencia Sexual a Niñas, Niños y Adolescentes, para que se pudiese asignar a la protección los recursos que sean suficientes.

Sin embargo, hasta abril pasado, casi tres años después, dicho programa no fue aprobado.

"El retraso yo diría que se debe esencialmente a la falta de sensibilidad de los anteriores ministros de Justicia que no priorizaron este programa", reconoce a Efe el diputado oficialista Javier Zavaleta, que fue uno de los impulsores de esa normativa.

Este programa, en palabras del que fue presidente de la Red Parlamentaria por la Niñez y la Adolescencia, contiene pasos para la sensibilización de la población y mecanismos en todos los niveles del Estado para "mejorar los sistemas de protección".

Y lo que es más importante, una partida presupuestaria para proteger a la infancia de la violencia sexual.

Desde 2015, en Bolivia se invierten casi 2.500 millones de dólares (casi el 8 % del PIB) en las diversas áreas de atención a la infancia, desde la educación a la salud, pero los parlamentarios deben definir cuánto irá a protección y prevención de la violencia.

Zavaleta insiste en que esa partida "debe subir y debe orientarse de mejor forma para ser más efectiva" contra ese flagelo.

Coincide la vicepresidenta segunda de la Red Parlamentaria, la diputada opositora Ginna Torrez: "el presupuesto no siempre alcanza porque hemos visto día a día que la violencia se va incrementando".

Según Torrez, gran parte de la labor de protección ante la violencia sexual de menores recae en las alcaldías, que deberían tener un Defensor del Menor, además de equipos multidisciplinares para atender a las víctimas, y muchas veces no lo tienen.

La atención posterior a la violación -o, más bien, la falta de ella- es una de las cosas que Zavaleta más lamenta: "precisamente ahí es donde el sistema de protección está fallando".

Las alcaldías y gobernaciones deberían tener centros especializados, explica, pero no es así y por ello "un niño o niña violada terminan volviendo simplemente a su casa y recibiendo el respaldo de su familia si es que lo tiene".

La violación a menores que no han llegado a la edad de pubertad está penada por el actual Código Penal con penas de prisión de 10 a 20 años y la condena máxima (30 años sin derecho a indulto) si el delito sexual acaba con la vida del menor.

El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, planteó que las reformas del sistema penal establezcan la cadena perpetua para la violación que acabe en asesinato del menor, una modificación que debería ser sometida a un referéndum.

Zavaleta apoya la cadena perpetua al considerar que el incremento de casos de violación se explica porque la mayoría no llega a sentencia y los violadores evaden a la Justicia.

Pero defender la cadena perpetua "no significa que no haya que hacer las otras tareas que es prevención, sensibilización y mejorar el sistema de protección", agrega.

Escrito en: abuso sexual violencia, protección, perpetua, cadena

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