Exhiben espionaje del Gobierno de EPN a periodistas y activistas

Periodistas y activistas mexicanos se han visto afectados por un avanzado programa de espionaje que adquirió el gobierno federal y que sólo debería ser utilizado para investigar terrorismo y actividades de grupos criminales.

The New York Times documentó y expuso los casos de personajes como la periodista Carmen Aristegui y Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad, quien redactó e impulsó la llamada Ley 3de3, así como abogados que indagan el caso Ayotzinapa.

La investigación explica que desde el año 2011, al menos tres agencias federales han gastado casi 80 millones de dólares en programas de espionaje de una empresa de origen israelí llamada NSO Group.

Se trata de un software conocido como Pegasus, el cual se infiltra en los teléfonos inteligentes y otros aparatos para monitorear cualquier detalle de la vida diaria de una persona, desde llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios.

El rastreo hasta permite utilizar el micrófono y la cámara de los teléfonos para realizar vigilancia.

Aunque de acuerdo a la firma, esta herramienta se vende exclusivamente a los gobiernos bajo la condición de que sólo sea utilizada para combatir a terroristas, grupos criminales y cárteles de drogas, según mensajes examinados por The New york Times y analistas forenses independientes, el programa ha sido utilizado para vigilar a algunos personajes críticos del gobierno y sus familiares.

El trabajo presentado hoy por el diario en su sitio web señala que según la ley en México, un juez federal es el único que puede autorizar la vigilancia de comunicaciones privadas y sólo cuando los funcionarios demuestran que tienen un caso bien armado para realizar esa solicitud, por lo que exfuncionarios consultados consideran que es poco probable que el gobierno haya recibido tal aprobación para espiar los móviles de activistas y periodistas.

“Por supuesto que no se puede justificar esa intervención… pero eso es irrelevante. En México nadie pide permiso para hacerlo”, señala Eduardo Guerrero, un exmiembro del Centro de Investigación y Seguridad Nacional de México.

CASOS

Entre los casos que se documentan, se encuentra el de la periodista Carmen Aristegui, quien ha destapado casos como el de la Casa Blanca de la primera dama Angélica Rivera.

A la comunicadora se le persiguió por medio de diversos mensajes para que diera clic en un enlace con los pretextos de resolver un supuesto problema con su visa, un llamado de ayuda para encontrar a un menor desaparecido así como una alerta por supuestos cargos desconocidos a su tarjeta de crédito.

Como si esto fuera poco, se siguió insistiendo incluso hasta llegar al teléfono de su hijo Emilio de 16 años.

“La única razón por la que irían tras mi hijo es para intentar encontrar algo en contra de mí, para causarme daño”, expresó Aristegui.

En el caso de Juan Pardinas, éste comenzó a recibir llamadas de abogados con los que coordinaba la redacción de una propuesta legislativa y después un extraño mensaje de texto.

En unas vacaciones de Navidad, recibió el mensaje: “En la madrugada falleció mi padre, estamos devastados, te envío los datos del velatorio, espero puedas venir”. Venía con un enlace adjunto. Pardinas pensó que era raro que quien le envió un mensaje tan personal no estuviera entre los contactos de su teléfono. Se lo mostró a su esposa y decidió hacer caso omiso.

Para mayo de 2016, cuando el proyecto de la Ley "3de3" había conseguido más de 630,000 firmas ciudadanas a favor, apareció otro mensaje que parecía venir del medio informativo Uno TV, que tenía el titular: “La historia de corrupción dentro del Instituto Mexicano para la Competitividad”, lo cual le causó alarma porque era su organización, pero decidió no darle clic porque sospechó que era un acto delictivo.

Los mensajes siguieron persuadiéndolo y alcanzaron a su esposa, con un texto que decía que se habían filtrado videos que mostraban a Pardinas teniendo relaciones sexuales con una colega.

Carlos Loret de Mola es otro de los comunicadores que se vieron asediados al recibir ocho mensajes de texto que contenían código para infectar su teléfono con el programa Pegasus.

¿CUÁNTO CUESTA?

La empresa NSO Group cobra a sus clientes gubernamentales de acuerdo al total de objetivos a vigilar y según una de sus propuestas que revisó The New York Times, para espiar a diez usuarios de iPhone, el fabricante pide 650,000 dólares, además de la cuota de instalación de 500,000 dólares.

Pese a que la firma supiera que su cliente esté haciendo un mal uso del programa, ésta indica que no podría hacer mucho al respecto, pues no puede entrar en las agencias de inteligencia, quitar el software y llevarse el hardware. El único recurso es ir reduciendo poco a poco el acceso del gobierno a las herramientas en el transcurso de varios meses o incluso años.

NSO Group no ha reconocido que haya abuso de su software por parte de las instancias gubernamentales en México, a pesar de las evidencias documentadas en la investigación.

CASOS EN ESTADOS

Episodios de accesibilidad a sistemas de espionaje no sólo se han exhibido en instancias federales, sino también en gobiernos estatales.

Cabe recordar que en 2015 se reveló en una filtración de Wikileaks que el Gobierno de Durango adquirió un programa de espionaje a una firma italiana llamada Hacking Team, misma que ha sido criticada por organizaciones de defensa de los derechos humanos y de privacidad en Internet por permitir a las agencias de gobierno monitorear correos electrónicos, archivos y otras actividades de espionaje en Internet.

De acuerdo a la información, Durango compró licencias de los programas de espionaje por 421,000 euros, teniendo como intermediaria a la empresa Elite y a pesar de las pruebas, administración del estado negó haber contratado tales servicios.

Entre los clientes que también aparecían en la lista de la empresa estaban los gobiernos de Baja California, Yucatán, Querétaro, Puebla y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, así como la Secretaría de Educación de Campeche.