Pese a amenazas fiscal no deja Venezuela, asegura congresista
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, y sus familiares han sido blancos en los últimos días de llamadas amenazantes y otros tipos de hostigamientos tras su abierto enfrentamiento con el gobierno, afirmó su esposo, el congresista Germán Ferrer.
A pesar de la escalada de hostigamiento, la alta funcionaria no tiene planteado abandonar del país o dejar su cargo, aunque sus detractores en el gobierno se lo han pedido, dijo Ferrer.
"A ella no la amedrentan, sino todo lo contrario. Sencillamente le da mucho más fortaleza en el sentido de seguir por la senda de la legalidad que ha asumido", dijo Ferrer a The Associated Press al descartar que las acciones de presión que enfrenta Ortega Díaz puedan hacerla desistir en su postura de ir contra el proceso de reforma de la constitución que impulsa el presidente Nicolás Maduro.
Ferrer no detalló las amenazas que han recibido Ortega Díaz pero dijo que a la fiscal general “le han hecho seguimiento en vehículos”, y sus familiares han recibido llamadas amenazantes. Asimismo, dijo que personas que luego se bajan y los fotografían los han perseguido desde taxis blancos.
Protegido solo por dos funcionarios de seguridad, Ferrer, de 72 años, logró este lunes escabullirse entre decenas de oficialistas que al grito de "traidora" y "fascista" se concentraron frente a la sede de la Fiscalía General, en el centro de la capital, para exigir la renuncia de Ortega Díaz.
La concentración coincidió con una advertencia por parte del hombre fuerte del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), diputado Diosdado Cabello, quien indicó que uno de los primeros actos de los delegados de la Asamblea Constituyente, que se espera elegir el 30 de julio, será la destitución de la fiscal. "En 41 días vamos a voltear la fiscalía, a sacarla de la senda del terrorismo,” dijo Cabello durante una marcha en apoyo al gobierno.
Ferrer, quien desde 2010 representa al PSUV, consideró las protestas contra su esposa como una reacción de una "clase política muy básica, muy elemental", que aseguró que lo hicieron recordar los tiempos de persecución que enfrentó él junto a otros dirigentes de izquierda durante los años 60, 70 y 80.
Ortega Díaz también objetó la protesta que protagonizaron este lunes los oficialistas frente a su oficina, e instó a los fiscales de la dirección contra la corrupción a investigar de donde salieron los recursos para financiar ese acto. "Tenemos que empezar a exigir que nos entreguen cuentas; de dónde sale ese dinero para pagar costosas tarimas y marchas... Con lo que cuesta eso, es probable que sirva para comprar medicamentos y alimentos.”
Ferrer se unió en 1999 a Ortega Díaz, quien para ese año era una abogada sin mayor trascendencia y que tiempo después ingresó a la Fiscalía General hasta alcanzar en 2008 el mayor cargo de esa dependencia. De su matrimonio tuvieron cuatro hijos, de los cuales una de ellas está fuera del país.
Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que Ortega Díaz y su familia puedan salir de Venezuela ante las amenazas que han sufrido y el riesgo de enjuiciamiento y detención que enfrenta la fiscal, el diputado expresó: "por supuesto que uno quiere preservar su familia, esas son cuestiones muy particulares, pero en el caso nuestro no".
Sobre la posibilidad de que la fiscal sea sometida a un juicio penal tal como solicitó al máximo tribunal el diputado oficialista, Pedro Carreño, quien acusó a la funcionaria de "ponerse al servicio de los más oscuros intereses antipatria", Ferrer desestimó esa acción y dijo que su colega “tiene que llamar en todo caso a... lo que establece la ley".
Ante las expresiones de apoyo que Ortega Díaz ha recibido en los últimos días de parte de algunos disidentes del oficialistas, Ferrer descartó que su esposa y él puedan dirigir una nueva corriente de izquierda, que algunos llaman la "tercera vía", y sostuvo que "aquí no se trata de parcialidades políticas, aquí se trata de un solo objetivo: la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es el último legado del presidente (Hugo) Chávez".
Ortega Díaz, quien hasta hace unos meses era identificada como cercana al oficialismo, inició su distanciamiento del gobierno a finales de marzo cuando objetó públicamente dos decisiones del Tribunal Supremo de Justicia contra el Congreso y denunció la "ruptura del orden constitucional". Tras ese pronunciamiento, la fiscal introdujo cinco acciones contra el proceso constituyente y los magistrados de la Sala Constitucional que no prosperaron.