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El nuevo Big Brother

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OMAR ORTEGA SORIA

Un Estado que presuma ser democrático no puede permitir que sus ciudadanos sean espiados, situación que es más grave cuando se supone que es el propio Gobierno quien patrocina y fomenta dichas actividades, ya sea para allegarse de información de sus opositores o críticos, o incluso para disuadirlos de que sigan realizando su trabajo.

Si bien la inteligencia gubernamental debe de existir, también es cierto que tiene sus límites y controles antes de invadir la vida privada de las personas. Ante la creciente masificación de la tecnología, cada vez es más común que los expertos informáticos, con buenas o malas intenciones, traten de allegarse de la información que generamos y como ciudadanos somos pocos conscientes de las amenazas que enfrentamos.

Y no solo se trata de periodistas, defensores de derechos humanos, políticos o empresarios, que en primera instancia son los primeros en estar en riesgo, sino que la invasión a nuestra privacidad puede llegar a un nivel salido de películas de ciencia ficción. Cámaras y micrófonos activados de manera remota, ya sea de un teléfono celular, una televisión, una consola de videojuegos; ubicación y rastreo de personas, identificación facial, por solo mencionar algunos ejemplos.

Los únicos límites son los que marca el presupuesto, y no únicamente son los gobiernos los que pueden acceder a estas herramientas, también están las grandes empresas que desean allegarse de información de su competencia, de políticos que quieren tener las estrategias de sus adversarios, es un terreno tan frágil y escabroso, ahí están las declaraciones de Edward Snowden sobre la Red de Espionaje Global.

Sin ir más lejos, una búsqueda simple a través de internet, nos permite darnos cuenta que es muy fácil comprar herramientas que nos permitan interferir la comunicación de un teléfono celular, existen mini localizadores para seguir en tiempo real la ubicación de un vehículo o una persona, videocámaras o micrófonos para espiar a individuos, y son equipos que van desde los mil pesos y de libre venta.

A pesar de que ya que el propio Código Penal Federal contempla las sanciones en caso de espionaje, la venta de estos dispositivos sigue permitiéndose; y en caso de las grandes empresas de corte global, estamos a expensas de su buena voluntad, códigos de ética y responsabilidad social, para que únicamente los venda a Gobiernos y que estos demuestren su correcto uso.

Ante los últimos escándalos, ya sea los anunciados por The New York Times, o el equipo de espionaje que presuntamente compró la administración local pasada y que sigue sin aparecer, tenemos que hacer una gran reflexión como sociedad: cuáles son los límites de nuestros

Gobiernos para vigilar a sus ciudadanos, como hacemos que sean los casos extremos y bien motivados los únicos que sea permitidos, por ejemplo un secuestro.

Hay grandes oportunidades, que los legisladores puedan robustecer el marco legal, que los fabricantes y programadores realicen equipos más seguros, que los ciudadanos estemos conscientes que desafortunadamente el big brother es una realidad y que los Gobiernos sean responsables de la información que obtienen y como lo hacen. Vivimos nuevos tiempos.

Twitter: @omarortegasoria

Escrito en: Pulso Legislativo información, allegarse, ciudadanos, sean

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