La noticia dada a conocer por el rotativo más famoso del mundo, el New York Times acerca de que alguien en el gobierno mexicano está utilizando la tecnología de punta para espiar no sólo a presuntos miembros de la delincuencia organizada o terroristas, sino también a activistas sociales que enarbolan necesidades comunes como la defensa de los derechos humanos o el derecho a la información vía transparencia y rendición de cuentas de los funcionarios públicos de cierto nivel. Periodistas incómodos al régimen son también espiados, según la información promulgada por el periódico neoyorkino, destacando las figuras de Carmen Aristegui, quien cobrara gran notoria al ser cabeza del reportaje de la Casa Blanca, propiedad situada en la exclusiva zona de Las Lomas en la ciudad de México adquirida a un proveedor de gobierno por un valor de siete millones de dólares por la actriz Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto. Aparece también el periodista Carlos Loret de Mola, que si bien no tiene en su haber una pieza periodística como lo de Aristegui, su denuncia de la ejecución realizada por elementos de la policía federal en Tanhuato Michoacán, le valió convertirse en blanco de los espías gubernamentales.
La dichosa tecnología de punta es un software denominado Pegasus, de una empresa de origen israelí, la cual asegura que ellos sólo venden esa tecnología a gobiernos y que obligan a sus compradores a firmar un acuerdo de que el Pegasus sólo será utilizado para seguridad nacional y combate al crimen organizado. Cuenta con grado tal de sofisticación que una vez infectado el teléfono móvil, o cualquier dispositivo inteligente con acceso a internet, como lo puede ser un Ipad por ejemplo, es capaz de acceder a cualquier comunicación que se tengan a través de los aparatos infectados. Ya sean propias llamadas telefónicas tal cual, mensajes de texto, correos electrónicos y acceso a todas las redes sociales que de ahí se puedan acceder. Incluso, si un dispositivo está infectado con Pegasus, el espía puede utilizar el micrófono y cámara del mismo para poder escuchar y grabar al espiado, aun cuando el aparato se encuentre apagado.
El método para que el dichos software espía pueda infectar un dispositivo, es enviando un mensaje que incite la curiosidad del receptor, invitándolo a darle un clic a una liga y si esto ocurre, el dispositivo está ya en manos del espía. El único detalle es que el proveedor cobra alrededor de 70 mil dólares por enviar el mensaje gancho, por lo que de entrada, da rabia que nuestro gobierno invierta alrededor de un millón trescientos mil pesos para tratar de espiar a personas que les son incómodas al régimen, como los periodistas Aristegui y Loret.
Todavía más allá, la información de todo este tema publicada por tan prestigiado diario, no hace sino fortalecer la tesis en el extranjero de que México dista mucho de ser un estado de derecho con una democracia vibrante. Lejos de eso, nuestro país todavía sufre las prácticas de un gobierno que está dispuesto a realizar actividades deleznables como lo es el espionaje político con recursos públicos, y que detrás de esa cara lavada que tratan de enseñarle al mundo de que somos un país del mundo libre. Habrá que ver las consecuencias de todo esto.
Pero si bien el espionaje político de altos costos hoy sacuden la agenda nacional, acá en la provincia el tema no es nada nuevo.
Justo con el proceso electoral que está viviendo en el presente año en Coahuila, las partes interesadas hicieron gala de conversaciones telefónicas obtenidas de manera subrepticia de los principales actores. Conversaciones donde supuestamente el gobernador electo Miguel Riquelme -entonces presidente municipal- Solís ordena escudriñar afanosamente en las cuentas de cierto grupo de personas que osaron publicar un desplegado demandándole transparencia en los recursos que utilizó para una rifa que había organizado; o aquella llamada donde le pide al teniente Adelaido Flores, director de la policía torreonense que detuviera y consignara a una manifestante que le molestaba al entonces alcalde de Torreón o incluso el diálogo telefónico que el propio Riquelme sostuvo con Luis Guillermo Hernández para anticipar una agenda periodística, daban cuentan que el espionaje existe en todas partes, incluso de la oposición política, como lo estás muestras. Evidentemente también hubo filtraciones para otros actores, como la llamada donde supuestamente la señora del ex candidato Armando Guadiana reprende acremente a su marido por una supuesta infidelidad, así como comunicaciones entre el senador Luis Fernando Salazar con una supuesta colaboradora donde se sugiere que sostuvieron más allá de lo laboral. Estos ejemplos son enunciativos, mas no limitativos de las conversaciones espiadas subidas a las redes sociales.
En fin, el caso es que el tema de que se espíen los político locales no es novedad, y que los gobiernos estatales y municipales hagan gala de ello tampoco es algo que sorprende a nadie, pero la tecnología que se utiliza en región 4 respecto a los costos de Pegasus, por lo que resulta por demás ofensivo para los ciudadanos que la autoridad federal la que recurra a estas prácticas a costos tan altos y que encima cuando son descubiertos, hasta el mismísimo presidente Peña minimice el hecho.