El presidente Enrique Peña Nieto parece ignorar que él es el Titular del Poder Ejecutivo y, por lo tanto, el responsable de garantizar la plena vigencia de los derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre los que se encuentra en el artículo 16 la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, salvo que exista una orden judicial para hacerlo, que es precisamente lo que se violó en el caso de los periodistas, defensores de derechos humanos, abogados y dirigentes de organizaciones de la sociedad civil.
El reportaje publicado como noticia principal del diario norteamericano The New York Times, en su edición del lunes 19 de junio, no deja lugar a dudas, a varios de los señalados (con algunos intentaron pero no pudieron) les robaron el control de sus teléfonos celulares y a través de éstos pudieron enterarse prácticamente de todas sus actividades cotidianas.
El diario también especifica que los ciberexpertos pueden identificar que el programa se utilizó para tomar el control de un celular, pero es imposible saber quién lo hizo. También aclara que es casi imposible que criminales cibernéticos hayan logrado utilizarlo porque la tecnología únicamente puede ser utilizada desde la computadora en la que fue instalado.
Para certificar que los teléfonos de los periodistas, activistas y abogados fueron intervenidos, el NYT pidió la intervención del Laboratorio Ciudadano de la Escuela Munk de Asuntos Globales de la Universidad de Toronto. Así que no hay duda que los teléfonos fueron infectados por ese virus, todas las comunicaciones que se realizaron desde estos aparatos (llamadas, mensajes, WhatsApp, etc.) interceptadas e incluso pudieron haber activado el micrófono y la cámara de estos aparatos para grabar conversaciones con terceros o incluso las actividades de los sujetos espiados.
El reportaje no deja duda de que los periodistas y activistas fueron espiados y ese sólo hecho debería motivar una investigación y una decidida acción gubernamental para identificar y sancionar a los perpetradores, pues el gobierno no puede permitir que se violen flagrantemente los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Sin embargo, la misma tarde del lunes, Presidencia a través del Director General de Medios Internacionales, simplemente negó que hubiera pruebas de que el gobierno era el espía y pidió a los afectados que presentaran las denuncias para poder investigar.
Pero el asunto es peor porque la empresa desarrolladora y distribuidora del programa señala tajantemente que le venden únicamente a los gobiernos y condicionado a que se utilice exclusivamente para espiar a terroristas y delincuentes, aunque la misma empresa deja claro que no tiene forma de verificar su uso y menos de evitar que siga mal utilizándose cuando se detecte un mal uso. También queda muy mal parada la empresa israelí cuando asegura que antes de vendérselo a los gobiernos se hace una revisión de su historial de respeto a los derechos humanos, pues es evidente que el mexicano reprueba dicha revisión.
Por consiguiente no hay duda de que fueron espiados con la ayuda de un programa que únicamente posee el gobierno mexicano (aunque no sea únicamente el federal, pues un reportaje de la revista Proceso en su número 2019, correspondiente al 15 de julio de 2015, deja constancia de que el mismo se le había vendido a gobiernos estatales, entre otros al de Guerrero); por lo cual tampoco hay dudas de que el gobierno tiene una licencia del programa que se utilizó para el espionaje, lo cual lo hace en automático sospechoso, pues son muy pocos los que tienen dicha herramienta.
Pero al revisar la lista de personas a las que se intervino, o al menos se intentó intervenirles, sus teléfonos es muy evidente que todos son (o han sido) incómodos y molestos para el gobierno federal, así que de la revisión de sus expedientes (que es precisamente lo que hace el NYT) es evidente que esta instancia tiene razones para intentar espiarlos o amedrentarlos. Para ponerlo en términos muy claros: el gobierno tiene en su poder el arma del crimen y no se requiere mucha inteligencia para construir el móvil del mismo.
De inmediato, sin esperar que mediase una denuncia formal, la Procuraduría General de la República debió haber iniciado la investigación correspondiente y el gobierno federal, a través del vocero de la Presidencia, del jefe de prensa de la PGR o de la Secretaría de Gobernación, anunciar que ya habían iniciado la integración de las averiguaciones previas y que aplicarían todo el rigor de la ley a quien resulte responsable de tan reprobables actos.
Pero contrario a eso el presidente Enrique Peña Nieto, 4 días después, primero trivializa el tema y señala que él también se siente espiado y es muy cuidadoso con sus conversaciones telefónicas; después, exonera, sin investigación de por medio, a todos los integrantes de su gobierno e, incluso amenaza con castigar a quienes acusaron al gobierno de ser el responsable del espionaje.
Actúa exactamente al contrario de lo que debe hacer como presidente, es decir, en lugar de ir tras los espías, persigue a los denunciantes; no busca a los criminales, sino a quienes los delatan. Unas horas después se desdijo de lo segundo, pero no comprometió ninguna investigación rigurosa e imparcial, pues mantuvo la primera parte de su declaración, es decir, el deslinde de su gobierno.
Otra vez la misma trama de las denuncias de corrupción, conflictos de interés o tráfico de influencias de su gobierno, primero la exoneración y luego la simulación de una investigación, que simplemente confirma la declaración y orden presidencial.