Supuestos equilibrios combaten a la anticorrupción
La ancestral corrupción ha sido uno de los principales factores por el que México está como hoy se encuentra. El combate a ésta ha sido una verdadera quimera en nuestro país, auspiciada por una democracia disfuncional que únicamente ha permitido la rotación de élites en el poder. La sociedad mexicana inevitablemente asume que cualquiera que llegue a un cargo, puede ser sujeto de este lastre, de la complicidad, del encubrimiento.
La corrupción implica la violación de ordenamientos jurídicos y desvío de recursos, que representan para la sociedad hechos indignantes que deben ser castigados. La mejor forma para acabar con este cáncer es la transparencia, la rendición de cuentas y la exigencia de que se sancione penalmente a quienes se apartan del cumplimento de la ley. Hablando de corrupción en México, no hay poder o nivel político que se escape a ser atrapado por este mal.
En San Luis Potosí, como uno de tantos ejemplos, recientemente una red corrupta entre legisladores locales y funcionarios de la Auditoría Superior de aquella entidad fue evidenciada por un video, en el que se aprecia la manera en que extorsionan a alcaldes con la revisión de las cuentas públicas, exigiéndole a los presidentes municipales un porcentaje del monto observado a cambio de eliminar las irregularidades durante su gestión.
Fueron exhibidos diputados del PAN, PRD, PRI y su incondicional Partido Verde Ecologista de México; sin embargo, más allá de observar en este material un acto de evidente corrupción, quedan de manifiesto en el mismo las rancias formas de negociación que prevalecen en el ámbito político mexicano: el intercambio de barajas para seguir violando leyes; el cabildeo para seguir ocultando, para continuar corrompiendo.
La creación de los sistemas anticorrupción a nivel nacional y en las propias entidades federativas acapara la atención de los mexicanos y, el tema por su propia complejidad, hace entendible que la polémica se genere al respecto. En Durango llegamos hasta el límite del tiempo establecido para la conformación de la estructura que combatirá la corrupción a nivel local; se dio inicio a la Fiscalía, pero sin Fiscal.
Según el trabajo legislativo en torno a la nueva ley anticorrupción local, aprobada por mayoría en el Congreso del Estado, es facultad del Ejecutivo proponer al titular de la Fiscalía, esto claramente luego de analizar y evaluar las enviadas por las distintas organizaciones de la sociedad civil. Y si damos seguimiento al desarrollo de los ejercicios de postulación, así ocurrió, sin embargo la propuesta del gobernador Aispuro fue rechazada y, seguramente, ocurrirá lo mismo con la segunda.
Para nada es de sorprender que el diputado Luis Enrique Benítez Ojeda llame a la negociación política, al cabildeo. Así es como se hacían las cosas desde que tiene memoria y escuela partidista. Es en parte su resistencia al cambio y otro tanto la necesidad de venderse políticamente. Se entiende así el rol que intenta asumir como opositor, pero podría tratarse más de un blindaje, pues con pleno convencimiento de que si bien la corrupción permea en todos los partidos, en el suyo impera como en ningún otro.
Benítez Ojeda ha venido insistiendo en promover la facultad del poder legislativo, de votar finalmente a favor de quien será el primer Fiscal Anticorrupción en Durango, esto obviamente luego de rechazar las dos propuestas del gobernador, es decir, en una competencia o medición de fuerza política con el Ejecutivo, y así lo ve el diputado que aunque infructuosa, le sirve a sus intereses.
Bastaría recordar aquella amenaza, cuando fue abucheado junto con su bancada en la toma de protesta de Aispuro como nuevo gobernador, cuando el priista hizo pública su molestia por el rechazo social y dijo que las repercusiones se verían en el Congreso local: "Van a necesitar que se autoricen sus presupuestos, los van a requerir para hacerle frente a los proyectos que han prometido, ellos van a necesitar del Congreso", así lo refirió, evidentemente anteponiendo los intereses políticos a las necesidades de los gobernados.
Lo que ha caracterizado a Benítez es su protagonismo exacerbado, de ahí que se enfoque en hacer sentir que su partido es mayoría en el Congreso, argumentando un equilibrio de poderes que influyó en la decisión de rechazar la propuesta del Ejecutivo, para que no pudiera iniciar en forma integral el Sistema Local Anticorrupción.
Pero lo preocupante para la sociedad duranguense y para el propio gobierno de la alternancia, es que los legisladores priistas pretendan imponer un Fiscal Anticorrupción a modo. Porque evidentemente que más allá de si cumple con los requisitos o es o no un perfil idóneo, será una cuestión que podrían tomar los diputados a discrecionalidad y conveniencia.
EN LA BALANZA.- De entre la porra de Mario Pozo Riestra salió el grito en el Congreso: ¡DÓNDE ESTÁ EL CAMBIO! En serio licenciado, en serio que en usted no. No juegue con la inteligencia de los duranguenses.
CERROS SECOS Y PELONES... Nuevamente se registró un hundimiento en la Comarca Lagunera, esta vez en la carretera a León Guzmán, frente a las instalaciones del Parque Nacional Raymundo de Lerdo.
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