Editoriales

Duarte sí puede tener fe en la PGR

JESÚS CANTÚ

 T Ras la pésima actuación que tuvieron los tres agentes del Ministerio Público que representaron a la Procuraduría General de la República, en la primera audiencia judicial contra el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pidió: "Hay que tener fe en la institución, fe en el trabajo que van a realizar y esperar que el proceso siga..."

De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española, las dos definiciones de fe que podrían aplicar en este caso son las siguientes: "Confianza, buen concepto que se tiene de alguien o de algo" y "Creencia que se da a algo por la autoridad de quien lo dice o por la fama pública". Y, por supuesto, que en la opinión pública no hay un buen concepto de la PGR y tampoco tiene autoridad o una fama pública que lleven a confiar en su actuación, sino todo lo contrario.

Duarte eligió como su abogado defensor a Marco Antonio del Toro Carazo, el mismo que conduce la defensa de la ex lideresa del magisterio, Elba Esther Gordillo, y que ya ha logrado la exoneración en dos procesos por el delito de defraudación fiscal y únicamente queda pendiente el del lavado de dinero.

Del Toro ha sido muy enfático en que los delitos que le imputan a Duarte son insostenibles, pero más allá de sus dichos, hasta el momento los hechos parecen darle la razón. Primero, resulta muy sintomático que Duarte se haya allanado a la extradición solicitada por la justicia mexicana, pues su primera posibilidad era demorar su extradición a través de buscar la protección de la justicia guatemalteca, sin embargo, todo indica que él sí tiene fe en la justicia mexicana y decidió enfrentar el proceso en México.

Pero, hasta el momento ese no es el único hecho que alienta el pesimismo de la opinión pública mexicana, sino que en la primera audiencia fue el mismo ex gobernador quien puso en aprietos a los tres fiscales enviados por la PGR. Duarte les realizó 12 preguntas a los agentes pidiendo que puntualizaran las dependencias de las que se había extraído el dinero, las fechas de las transferencias y las empresas que participaron en la triangulación de los recursos, para que finalmente el y su familia fueran los beneficiarios de los mismos.

Los fiscales únicamente pudieron acreditar el presunto desvío de 38.5 millones de pesos, que salieron de la Secretaría de Educación Pública. El mismo Pedro Guevara Pérez, quien también es director general de procesos y amparos en delitos federales de la PGR, admitió: "Por el momento son los únicos recursos que podemos acreditar como desviados del erario público".

El juez de control, Gerardo Moreno García, reconoció que "los números no cuadraban" y, por supuesto, el abogado defensor declaró "Está claro que el caso se está desmoronando en estos momentos."

Pero incluso hay un informe que el procurador Raúl Cervantes remitió al presidente del Senado, Pablo Escudero, el 15 de febrero del presenta año, en el que reconoce que sus funcionarios no estaban capacitados para desempeñar las tareas que les encomienda el nuevo sistema de juicios orales.

De acuerdo con una información publicada en el periódico regiomontano El Norte, el informe señala: "La arquitectura institucional de la Procuraduría General de la República no es la idónea para soportar cabalmente los procesos que exige el Sistema de Justicia Penal Adversarial". Y añade: "Tampoco para evitar que las prácticas deficientes que se desarrollaban en el sistema inquisitivo mixto se hereden".

La secuencia es muy reveladora: el abogado defensor de Duarte ya logró liberar a Gordillo de dos de los tres delitos que le imputaban; el allanamiento del ex mandatario a la extradición; la confianza que tanto el abogado como el ex gobernador trasmiten en lograr la absolución; los resultados de la primera audiencia judicial, donde Duarte se vio seguro y cuestionador y los fiscales titubeantes y carentes de pruebas; y el reconocimiento expreso de la misma PGR de la deficiente preparación de sus fiscales para enfrentar los juicios orales.

Hasta el momento todos los elementos acrecientan la fe de Duarte en que la PGR tenga una actuación tan deficiente que le permita evadir la acción de la justicia, es decir, quien sí tiene razones para tener fe es el imputado, pero la opinión pública mexicana realmente carece absolutamente de las mismas.

Seguramente (como sucederá también con Elba Esther Gordillo) Duarte permanecerá en prisión durante el resto del sexenio y después el desenlace es incierto y, en buena medida, dependerá del resultado electoral del primero de julio de 2018. Pero como es evidente las razones son principalmente políticas y no jurídicas.

A pesar de la doble alternancia en el Poder Ejecutivo Federal, la vigencia del Estado de Derecho en México sigue ausente y, muy probablemente, Gordillo y Duarte recorrerán el mismo camino que Jorge Díaz Serrano, Joaquín Hernández Galicia, Raúl Salinas de Gortari y Florence Cassez (por citar únicamente los casos más emblemáticos y recordados), sin importar su responsabilidad o no en los hechos que se les imputan (imputaron en su momento, a los ya mencionados) lo único que tienen que hacer es armarse de paciencia y esperar el fin del sexenio. Ésta es la única certeza que brinda la justicia mexicana.

Escrito en: Duarte, momento, abogado, fiscales

Noticias relacionadas

EL SIGLO RECIENTES

+ Más leídas de Editoriales

TE PUEDE INTERESAR

LECTURAS ANTERIORES

Fotografías más vistas