Llaman a cuentas por anomalías
Se incrementó el número de exfuncionarios requeridos para la sujeción de un Procedimiento de Probable Responsabilidad Administrativa por irregularidades en el ejercicio de recursos federales.
La secretaria de la Contraloría y Modernización Administrativa, María del Rosario Castro Lozano, informó que se trata de cinco exservidores públicos del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) del Seguro Popular y uno más de la Secretaría de Finanzas y Administración. Esto por irregularidades detectadas en la cuenta pública 2016. Fueron requeridos a petición de la Secretaría de la Función Pública.
Adicionalmente, se incrementó el número de servidores públicos requeridos a petición de la Auditoría Superior de la Federación. Se iniciaron Procedimientos de Probable Responsabilidad Administrativa a un servidor público de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (Secope) por observaciones en el ejercicio presupuestal 2015, a uno de la Secretaría de Educación y a dos de la Secretaría de Finanzas y Administración. Estos últimos por deficiencias en recursos ejercidos en 2014.
Recordó que el 15 de septiembre se recibió la administración con observaciones, inconsistencias y probables irregularidades por cinco mil millones de pesos, de las cuentas públicas 2010-2014.
Posteriormente, en febrero se entregaron los resultados de la cuenta pública 2015 y hace dos semanas los de 2016. El monto total de anomalías de esta última fue de 224 millones de pesos.
ANTECEDENTES
Vale la pena recordar que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), detectó malos manejos de los recursos federales asignados en 28 de las 32 entidades del país en la cuenta pública 2016. El monto de las irregularidades asciende a casi seis mil millones de pesos.
En Durango, el 55 por ciento de los recursos del Seguro Popular revisados presentaron distintos tipos de anomalías. El monto observado asciende a 191 millones 727 mil pesos.
Entre las anomalías detectadas están la supuesta compra de medicamentos por casi 160 millones de pesos de los cuales no hay información alguna de su adjudicación por lo que no es posible verificar que el procedimiento haya sido el correcto, ni que los precios que se pagaron se ajusten a lo establecido en los catálogos para este material, informó El Siglo de Durango.