E N las pasadas elecciones, Donald Trump ganó en Ohio. Una de las razones por la cuales triunfó fue, al igual que en otros estados, el descontento de los estadounidenses por los bajos salarios, la falta de oportunidades laborales y el enojo contra Obama. Butler es uno de los 88 condados de Ohio. Ni Butler ni otras pequeñas ciudades suelen ser noticia periodística. Lo son cuando los medios informan acerca de males sociales, como lo son las epidemias de heroína. Ese Mal, con mayúscula, no sólo acaba con la vida de los usuarios, arrasa con condados y expone los graves problemas secundarios al uso de drogas no permitidas: Las autoridades se plantean dejar de atender los casos de sobredosis reincidentes ante el desbocado gasto sanitario, reza el encabezado de "El País" (23 de julio de 2017).
La preocupación de algunos intelectuales y políticos en busca de la legalización paulatina de las drogas no es necedad, es necesidad. No hay una epidemia más universal como la de las drogas, ni una guerra tan exitosa como la librada por los productores y distribuidores de drogas. Imposible engañarse: el narcotráfico siempre vence, los gobiernos siempre pierden, salvo Uruguay y Holanda.
En 2016, en Estados Unidos, la epidemia de opiáceos acabó con la vida de más personas que todas las muertes de la guerra en Vietnam. Los opiáceos fueron la primera causa de muerte en menores de 50 años. El año pasado fallecieron 60 mil personas debido a la epidemia, 35 mil por heroína y el resto por el abuso de opiáceos prescritos por médicos y la dependencia creada por el uso crónico. El brete es inmenso por el número de muertos y por cuestiones económicas: en 2016 se atendieron en hospitales estadounidenses un millón 300 mil personas por sobredosis; ese embrollo, sin duda, se incrementará si Trump y sus secuaces logran arruinar el Obamacare.
Cuando se analizan los datos previos, se antoja dividir a la población víctima de los opiáceos en dos: consumidores de drogas per se, y aquellos que lo hacen tras haber ingerido derivados de opiáceos recetados para el control de dolor. De acuerdo al Centro de Prevención y Control de Enfermedades (Atlanta), las recetas de opiáceos para el manejo del dolor se triplicaron en los últimos quince años. Médicos y salubristas en Estados Unidos y en muchos países enfrentan un problema muy grave pues, como lo muestra el caso estadounidense, más de la mitad de las personas que fallecieron en 2016 fueron víctimas de ellos mismos y el resto por el uso crónico de opiáceos prescritos por médicos (comparto mi inseguridad: ¿se rinden los médicos ante las presiones de la industria farmacéutica y por eso prescriben "demasiados" opiáceos?).
El problema, repito, es inmenso y complejo. La industria del narcotráfico, conocedora de las razones por las cuales se consumen estupefacientes, ha logrado el balance perfecto, abaratar los precios e incrementar el número de consumidores.
Los escenarios previos devienen pregunta compleja: ¿qué hacer cuando son dos los callejones sin salida? El primero suma recetas médicas, compañías farmacéuticas y pacientes dependientes de opiáceos. El segundo suma narcotráfico, desempleo, políticas gubernamentales inadecuadas y gastos imparables dedicados al tratamiento de personas con problemas de adicciones. Richard K. Jones, sheriff de Butler, ha propuesto que sus agentes no lleven ni administren antagonistas de la heroína como el Narcan (naloxona), cuya función es revertir los efectos negativos de la droga. ¿La razón?: aminorar los gastos dedicados a rehabilitar y tratar a personas con problemas de adicciones.
En Butler, la política contra los heroinómanos, al menos en el papel, plantea cuestiones éticas delicadas: se ha sugerido dejar morir a heroinómanos. Esa idea, no dicha en voz alta hasta ahora, recuerda la pendiente resbaladiza del nazismo. La pendiente resbaladiza implica que una acción precipitará una cadena de eventos similares, positivos o negativos. En el país de Trump la política de no atender a drogadictos por razones económicas, sociales o morales puede diseminarse. Basta algún tuit nocturno del presidente apoyando las ideas del sheriff y aliados.
En su libro, "Drogas y derechos" (Fondo de Cultura Económica, México, 2002), Douglas N. Husak afirma: "Sólo en Estados Unidos cientos de miles de personas continúan sufriendo duros castigos simplemente por consumir y poseer sustancias ilícitas... castigar por el mero hecho de consumir una sustancia es un despilfarro del dinero de los contribuyentes que causa más daño que bien". Husak tiene razón: castigar por usar drogas viola derechos morales. Y de ahí la diseminación de la pendiente resbaladiza.
Notas insomnes. El trágico suceso estadounidense, aunque por razones distintas, recuerda la epidemia de muertes tempranas en Rusia, donde la cuarta parte de los fallecimientos en hombres menores de 55 años se debe al alcoholismo per se, o a sus consecuencias: accidentes, peleas.