El gobierno de Nicolás Maduro ha dado un golpe de estado contra la Asamblea Nacional elegida legítimamente en diciembre de 2015 y que tiene amplia mayoría opositora. La medida rompe el orden constitucional de Venezuela.
Maduro está buscando convertirse en un verdadero dictador. Su nueva constitución pretende otorgarle poderes excepcionales y despojar a la Asamblea de todas sus facultades. Venezuela está violando la cláusula democrática de la Organización de Estados Americanos, por eso tantos países de América, pero también de otras regiones del mundo, se han negado a reconocer la elección a la Asamblea Constituyente, la cual tendrá poderes absolutos para imponer una nueva constitución y cuenta con una mayoría oficialista de 100 por ciento.
El presidente afirma que su Constituyente obtuvo el voto a favor de más de 8 millones de venezolanos, lo que rebasaría los 7 millones en un referéndum en contra organizado por la oposición. Fueron, sin embargo, elecciones en que el gobierno venezolano se negó a aceptar observadores internacionales y en que los simpatizantes del régimen pudieron legalmente votar varias veces. Ayer SmartMatic, la empresa británica que proveyó la tecnología para la votación, señaló: "Basándonos en la solidez de nuestro método, sabemos, sin lugar a dudas, que la cifra de participación en la elección de una Asamblea Constituyente nacional fue manipulada." Una hora antes de que cerraran las urnas sólo habían votado 3.7 millones.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México no está sola en su decisión de no reconocer a la nueva Asamblea Constituyente. Sólo unos cuantos países, como Rusia y Bolivia, respaldan a Venezuela en este golpe. Rusia lo hace por su rivalidad con Estados Unidos, mientras que Bolivia y otros países de América Latina y el Caribe por afinidad ideológica o porque Venezuela les regala petróleo.
La reacción de la SRE, sin embargo, genera inevitables cuestionamientos. Personajes como la perredista Dolores Padierna, el lopezobradorista Gerardo Fernández Noroña y el independiente Emilio Álvarez Icaza han criticado la posición del gobierno mexicano frente al golpe en Venezuela y han dicho que sería mejor que el gobierno destituyera a todos los consejeros de nuestro Instituto Nacional Electoral.
Varios políticos mexicanos respaldan el régimen de Maduro. Héctor Díaz Polanco, presidente de la Comisión de Honor y Justicia de Morena, ha declarado que México debe incorporarse a la "revolución bolivariana". Yeidckol Polevnsky, secretaria general del partido, ha apoyado en entrevistas y comentarios de redes sociales a Maduro. La embajada de Venezuela en México publicó un tweet en mayo: "Celebramos el acompañamiento del Partido Morena, su solidaridad y su apoyo irrestricto a la Revolución Bolivariana", pero lo borró una vez que el mensaje fue divulgado en medios. El presidente de Morena, sin embargo, ha declarado: "Nosotros no tenemos nada que ver con el gobierno de Venezuela. Es un acto desesperado de la mafia del poder porque quieren meter miedo."
El problema con la posición de la SRE es la falta de coherencia. El gobierno mexicano no reconoce el golpe de Maduro, pero no se preocupa por otros gobiernos autoritarios. No cuestiona, por ejemplo, las medidas que restringen las libertades democráticas en Cuba y China. No es la primera vez. En el siglo XX cortamos relaciones con el Chile de Augusto Pinochet, pero no con la Cuba de Fidel Castro. Todos son iguales, pero algunos son más iguales que los otros.
Buen administrador
Nuestros políticos siguen demostrando ser extraordinarios administradores, por lo menos de sus propios recursos. El jefe delegacional en Tláhuac, Rigoberto Salgado, de Morena, se construyó una casa en un terreno de 7 mil metros cuadrados en un año y medio de gestión (El Universal).
Twitter: @SergioSarmiento