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Tema dominante

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LUIS F. SALAZAR WOOLFOLK.

El conflicto poselectoral en Coahuila acapara el primer nivel de atención tanto de la clase política como de la sociedad en general de nuestro Estado, como lo demuestra el intenso debate suscitado la semana pasada en el Congreso entre los diputados del PRI de los Moreira y los diputados de oposición, que generó una guerra de denuncias entre uno y otro bando.

Diversas organizaciones ciudadanas cuestionan con razón el proceder de los legisladores, porque a su juicio el conflicto de referencia se ha convertido en una inmensa cortina de humo que pospone de modo indefinido, el tratamiento de temas que exigen una atención urgente y como consecuencia, los grandes y pequeños problemas que atañen al bienestar de los coahuilenses permanecen mal atendidos y en muchos casos sin atención alguna.

Las organizaciones cívicas reclamantes, entre otras observaciones señalan el descuido en que ha incurrido el gobierno a nivel Ejecutivo y Congreso en términos de distracción y retraso, en cuanto al rubro específico relativo a la instrumentación del Sistema Nacional Anticorrupción en la Entidad que tiene su origen en la participación ciudadana.

Pese a que el señalamiento referido es pertinente y acertado, la reflexión al respecto debe ser complementada con el reconocimiento de que el tema electoral es dominante porque abarca todos los demás temas de nuestra vida pública por importantes que sean, en virtud de que del resultado aún indefinido de las pasadas elecciones, depende la naturaleza y estilo del gobierno local para los próximos seis años y por lo tanto, nuestro futuro como sociedad políticamente organizada. En otras palabras, mientras los coahuilenses no sacudamos de nuestras espaldas el peso de los gobiernos parásitos del PRI de los Moreira, seguiremos empantanados en más de lo mismo.

A esa luz, es evidente que nada bueno puede esperarse en cuanto a los funcionarios que se van a encargar de la operación del Sistema Anticorrupción si son designados bajo las actuales circunstancias, en las que el Congreso se encuentra controlado por el Poder Ejecutivo a través de la mayoría priísta que ha sido cómplice y tapadera de las trapacerías del Moreirato en el tema relativo a la opacidad en el manejo de las finanzas públicas y su fruto más amargo, la mega deuda, como igual ha ocurrido y ocurre en todos los demás campos de nuestra vida pública en la que impera la mediocridad y el deterioro tanto humano como institucional.

Como paradoja desconcertante, el PRI de los Moreira que suele pervertir todo lo que toca ha encontrado en el Sistema Nacional Anticorrupción la oportunidad de hacerse de un blindaje de impunidad, que en su momento los ex gobernadores César Duarte y Javier Duarte de Chihuahua y Veracruz, trataron de construir al término de sus respectivas gestiones, promoviendo reformas legales que les permitieran designar Procuradores de Justicia transexenales que les garantizarían impunidad al arribo de la alternancia.

A los Duarte les resultó imposible construir tal blindaje gracias a la rebelión que emergió de la sociedad en sus respectivos estados, por lo que aquí en Coahuila en dónde la división de poderes es letra muerta, lo mejor sería que el Fiscal Especial y demás funcionarios del Sistema Nacional Anticorrupción fueran designados a propuesta de la sociedad civil, después de una nueva elección de gobernador y con la participación de un Congreso plural como el que ha resultado electo para entrar en funciones el año entrante.

Como la elaboración del marco legal del sistema y la integración de los órganos de autoridad que incluye el nombramiento de los funcionarios a cargo, obedecen a un calendario establecido por la reforma a nivel nacional, lo indicado en Coahuila es que se designen funcionarios que deban ser objeto de ratificación, una vez que se resuelva el conflicto electoral en los tribunales e inicie sus funciones el Congreso Electo.

Escrito en: Archivo Adjunto Congreso, funcionarios, Anticorrupción, Sistema

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