Ya lo canta el clásico norteño: "aquí no hay novedad... todo sigue igual". Así con la corrupción y la impunidad en el país. El dato nos resulta familiar. Digamos que "normal". Es la historia de todos los días. Pero hay algo muy torcido en la sociedad, en su gobierno y sus instituciones, cuando la gente acepta que las "cosas así son y nunca van a cambiar". ¿Qué significa que México sea uno de los países con mayor impunidad en el mundo? Cometer delitos de manera cotidiana es muy rentable, dado la bajísima posibilidad de ser llamado a cuentas por la justicia. Al mismo tiempo, significa un sistema de justicia y de seguridad inoperantes. Inútiles para no ir más lejos. Pero eso sí, cuentas miles de millones de pesos. En este país favorable a la impunidad, es natural que los gobernantes alimenten una cleptocracia con la promesa de hacerse millonarios.
De acuerdo con el Índice Global de Impunidad 2017, publicado por la Universidad de las Américas de Puebla en conjunto con instancias internaciones internacionales, México quedó en los últimos cuatro lugares de impunidad. Ocupa el sitio 66 de 69 países evaluados. Pero lejos de sorprendernos, los resultados del estudio son "normales" para los estándares sociales del país.
Nuestro nivel de impunidad sólo es superado por el campeón Filipinas, donde su presidente, Rodrigo Duterte, confiesa sin pudor, ser asesino, y de paso, recomienda masacrar a drogadictos. Más todavía, exhorta matar a los "idiotas" que se resistan al arresto de los policías. Entre los líderes de la impunidad, está un país africano, Camerún; y también India. No muy lejos de México, están los países latinoamericanos como Perú, Colombia, Brasil, Nicaragua, Honduras, Salvador y Venezuela. ¿En verdad nos queda decir "pobres venezolanos"? En muchos sentidos, ¡México lo supera!, aunque sin ser todavía dictadura. No somos dictadura, nada más somos rehenes de los partidos, que en el 2018, habrán de embolsarse de los contribuyentes, 18 mil millones de pesos. Para no quedarse atrás, el INE quiere en total, una bolsa de 25 mil millones para las elecciones. ¡Qué gran negocio!
La corrupción y la impunidad son una pareja perfecta. Una vive de la otra. Se alimenta, crece con ella. Necesita de su reciprocidad. El vergonzoso lugar que ocupa nuestro país en el Índice de Impunidad, en realidad está lejos de ser una novedad. Por el contrario, es una característica "normal" de nuestro país. Que la justicia no funcione, que el crimen sea la norma o que los derechos humanos sea pisoteados, es el pan de cada día. Para no sentirnos tan mal, todo esto lo podemos ver de otra forma: al revés. Diametralmente opuesto al Quinto Informe de Gobierno, México es destacadísimo a nivel internacional, casi aspira al campeonato mundial de impunidad y corrupción. Sin embargo, en vez de que las evaluaciones sirvan para depurar instituciones, cambiar comportamientos y sentar las bases de la justicia, alimentamos el laberinto de la corrupción. Para muestra, veamos lo que está pasando con el nombramiento del fiscal Anticorrupción en el país. El PRI gobierno propuso a Raúl Cervantes, un hombre leal al poder y al partido, pero sobre todo, al presidente. Su función principal es cubrirle las espaldas para que no pase nada, para que nadie investigue, y así asegurar impunidad. Un Virgilio transexenal. El nombramiento del fiscal garantiza la parcialidad hacia el poder. No se trata de la ley, la justicia o la transparencia, sino de un sistema que engendra cómplices. Compinches para decirlo mejor. Peña Nieto, Duartes, Borge y compañía, pueden estar tranquilos con ese fiscal a la medida.
Cambiemos de ámbito. Los vicios nacionales se reproducen alegremente en las costumbres de las instituciones locales. Por ejemplo, el caso del "orgullo del Norte", Coahuila, es paradigmático de la impunidad y corrupción. El Estado es campeón de causas negativas. Corrupción, deuda, gobernantes magnates y violencia criminal. Para ser congruente con ese estado de cosas, se acaba de nombrar como fiscal anticorrupción a Jesús Flores Mier. Un fiscal que emana de los Moreira, es decir, otro leal al poder. Fiel a los hermanos, garantiza el estatus quo, y sobre todo, será cancerbero de la deuda y las empresas fantasmas. Su contrato no es con los ciudadanos, sino para cuidar los intereses del virreinato que ya teje otra red transexenal. Insisto, lejos de ser la excepción, es la "normalidad" que ha cooptado a empresarios, actores sociales y medios de comunicación. Son espejo que se refleja y reproduce fielmente. ¿En verdad nos sorprende lo que tenemos?
Dentro de todo, una buena noticia da esperanza. La ley Kumamoto fue ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual abre la puerta a que se puedan reducir los recursos públicos que reciben los partidos políticos nacionales.
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