En 2013, el Congreso de la Unión aprobó una muy importante reforma en materia político electoral, gracias a ella, ahora es posible la reelección legislativa y de los ayuntamientos, el CONEVAL tiene autonomía, se creó el INE y los institutos electorales locales, se contemplaron las candidaturas independientes, y por supuesto, se fijó la ruta para transformar la PGR.
Sabemos de los grandes retos que enfrenta la actual Procuraduría General de la Republica, ya que además de tener resultados muy cuestionados y no contar con un prestigio del tamaño de su responsabilidad, se encuentra totalmente saturado, con un modelo muy ineficiente y politizado, por lo que cuando se propuso su reforma, fue muy bien recibida.
Sin embargo, 4 años después, todavía existe un gran reto: la implementación de la Fiscalía General de la Republica, es decir, tener una PGR con autonomía constitucional, personalidad jurídica y patrimonio propios, que deje de depender del Presidente en turno. Para esto, se propuso que el Fiscal durará en su cargo nueve años y se estableció un sistema de designación en donde el Presidente proponía algunos candidatos, y el Senado elegiría entre ellos; el problema está en el nombramiento del primer fiscal.
Según los transitorios de la reforma, existe el pase directo para que el actual Procurador se convierta automáticamente en el nuevo Fiscal, es decir que esté 9 años más, siendo muy evidentes los posibles conflictos de interés, por lo que un gran conglomerado de asociaciones civiles han demostrado su descontento, así como por supuesto el PAN, que a pesar que ya la había avalado en 2013, argumenta que se perdería la esencia de un fiscal realmente autónomo.
La otra opción es la que promueve este conglomerado, quienes básicamente piden que se abra el procedimiento, que se incrementen los requisitos para ser designado Fiscal, para de este modo asegurar su autonomía, que exista transición gradual entre ambas instituciones y que se estipule un rediseño de esta institución, con mecanismos de servicio profesional de carrera, transparencia y supervisión ciudadana.
Por lo pronto, este debate ya es el primero que se avizora en el inicio de este nuevo periodo ordinario de sesiones, y el resultado del encontronazo entre el PAN y el PRI todavía es de pronóstico reservado, ya sea que la designación del Fiscal se convierta en moneda de cambio en una negociación, o que el PRI y sus aliados impongan su mayoría. Cualquiera de estas 2 salidas pondría en riesgo la real autonomía del fiscal y se perdería la esencia de la reforma de 2013.
La otro salida, la de los asociaciones, es poco probable, el nombramiento es fundamental rumbo a los resultados del proceso electoral 2018, por lo que los partidos políticos seguirán luchando por un perfil afín a ellos, sobre todo, cuando la Fiscalía contará por lo menos con un órgano especial en materia de delitos electorales y otra especializada en combate a la corrupción.
Sea como sea, en lo peor de los escenarios, todo cambiaría para que todo siga igual, es decir solo tendríamos un nuevo membrete y continuaríamos con una justica inasequible, sin respeto cabal a los derechos humanos y poco eficiente. Esperemos que impere la razón.
Twitter: @omarortegasoria