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JESÚS MENA VÁZQUEZ

En el tiempo en que hemos tenido alternancia en diferentes gobiernos estatales a lo largo del país, la historia, con diversos matices, ha sido la misma: el gobierno que comienza se siente atado por la precaria situación financiera en que se encuentran las arcas estatales y, a partir de esa situación, en mayor o menor medida, existen acusaciones de corrupción a la administración previa. Quienes encabezaron la administración que se audita se dicen perseguido políticos.

En nuestro país la historia se ha repetido ya decenas de veces a lo largo de las décadas, casi siempre cuando un gobierno estatal entrega la estafeta a una nueva administración proveniente de otro partido político.

Es en este contexto en el que el gobierno en funciones ha anunciado órdenes de aprehensión contra prominentes figuras de la administración anterior. Ahora toca el turno a la ex Secretaria de Finanzas, quien fuera una de las funcionarias con mayor poder en la administración pública estatal, encargada de controlar el destino del dinero que llegaba a las arcas estatales por parte de la federación y los impuestos locales; cantidades que ascienden a decenas de miles de millones de pesos en el período en que gobernó la administración anterior.

El gobierno que encabeza José Rosas Aispuro sabe que una de las razones que motivó a los electores a elegir la alternancia fue precisamente la percepción de posibles malos manejos en los recursos públicos.

Durante el año que tiene en funciones esta administración, la explicación del Gobierno del Estado sobre la tardanza para dar a conocer el estado de las investigaciones a funcionarios de la anterior administración fue que esperaba integrar carpetas de investigación bien sustentadas jurídicamente.

Después de un año, la información que proporciona el gobierno estatal es que hay dos investigaciones en curso contra la exfuncionaria para que justifique el manejo de 564 millones de pesos.

Con estas denuncias se abre la posibilidad de que un juez examine el caso y, si procede, pueda dictar sentencia condenatoria; todo depende de las pruebas que se han integrado en la carpeta respectiva.

De la misma manera que se debe exigir que la investigación sea con base a la ley y respetando los derechos de la presunta culpable, también es necesario exigir una explicación completa acerca del destino de ese dinero, destinado para mejorar el bienestar de todos los duranguenses.

Twitter: @jesusmenav

Escrito en: Vida pública administración, gobierno, estatales, investigaciones

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