Piden ‘muerte política’ a corruptos
El Gobierno del Perú lanzó en octubre del año pasado la Ley de Muerte Civil, que inhabilita a los funcionarios públicos que cometen actos de corrupción, ya sea de cinco a 20 años, o de manera perpetua si forman parte de un grupo criminal o desviaron recursos de programas sociales. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de la Ciudad de México urgió a los legisladores federales y estatales a emitir una similar que pudiera llamarse "Muerte Política" dirigida a aquellos corruptos del sistema político mexicano sentenciados.
"Hoy se encuentran en proceso el Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas locales a los que los grupos en el poder buscan construir 'a modo', pero tampoco existe una ley que inhabilite de por vida a un funcionario que cometa actos de corrupción, de manera que no pueda postularse a cargos de elección popular para evitar que consiga tener fuero ni pasar a otro encargo en la función pública", acusó el sector empresarial de la capital mexicana dirigido por Jesús Padilla Zenteno.
En entrevista, el dirigente patronal Jesús Padilla aseguró que "conociendo los niveles de corrupción en nuestro país", seguramente la propuesta de Ley para inhabilitar a los funcionarios públicos enfrentaría obstáculos, ya que existe "un esquema de protección para los funcionarios que han actuado de manera incorrecta".
El director de Organización Nacional Anticorrupción (ONEA), Iván Gidi, coincidió en que aunque es una propuesta bien intencionada, "el Estado de Derecho está vulnerado a tal punto que ya no se trata de leyes y políticas, sino de cambiar a los políticos que tienen hundido a México para que se cumplan".
El líder empresarial Jesús Padilla expuso que le toca a la Cámara de Diputados impulsar la Ley de Muerte Política porque pese a la existencia del Sistema Nacional Anticorrupción, impulsado por la iniciativa privada y organizaciones civiles, "de alguna manera [los funcionarios] siguen cometiendo actos de corrupción tan descarados como los que hemos visto de diversos ex gobernadores, algunos ya procesados".
Este viernes el ex Gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, fue detenido al ser acusado de lavado de dinero y desvío de recursos.