Avalan ley general de desaparición forzada
Con la presencia de madres de decenas de desaparecidos, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 397 votos a favor, la minuta que expide la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
En la aprobación se escucharon gritos de demanda: "¡Vivos se los llevaron y vivos los queremos!".
"Presentación con vida y castigo a los culpables". "Hijo, escucha, tu madre está en la lucha". "¿Dónde están?, ¿Dónde están, nuestros hijos, ¿dónde están?".
Lo avalado fue enviado al Ejecutivo para su publicación, y establece que para combatir el delito, se define la distribución de competencia y coordinación entre autoridades de los distintos órdenes de gobierno; estipula los tipos penales y crea el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la Comisión Nacional de Búsqueda, el Consejo Ciudadano y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
El dictamen, al que se le presentaron varias reservas, pero al final fueron retiradas por Morena, establece que comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público o el particular que, con la autorización, apoyo o aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona; no proporcione información sobre la misma, su suerte, destino o paradero.
Cuando se trate de niñas, niños y adolescentes respecto de quienes haya noticia, reporte o denuncia de desaparición, se iniciará la carpeta de investigación en todos los casos y emprenderá la búsqueda de manera inmediata y diferenciada, de conformidad con el protocolo especializado en búsqueda de personas menores de 18 años de edad.
Establece que a quien incurra en el delito de desaparición forzada, se impondrá una pena de 40 a 60 años de prisión, y de 10 mil a 20 mil días multa. Adicionalmente, cuando el responsable sea servidor público, se le destituirá e inhabilitará para desempeñar cualquier cargo, empleo o comisión pública, hasta dos veces el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta, a partir de que se cumpla con la pena de prisión.
El dictamen fija pena de 20 a 30 años de prisión y de 500 a 800 días multa a quien omita entregar a la autoridad o familiares, al nacido de una víctima del delito de desaparición forzada de personas durante el periodo de ocultamiento, a sabiendas de tal circunstancia.
Las sanciones aumentarán hasta en una mitad, cuando durante o después de la desaparición la persona muera debido a cualquier alteración de su salud, consecuencia de dicho acto; cuando la víctima sea niña, niño, o adolescente, mujer, mujer embarazada, persona con discapacidad o mayor; sea migrante o afrodescendiente, indígena, y cuando el motivo para cometer el delito sea por identidad de género u orientación sexual.
Las sanciones disminuirán hasta en una mitad cuando los autores o partícipes liberen a la víctima de forma espontánea dentro de los 10 días siguientes a la desaparición en cuestión.
Piden recursos para ley contra desaparición
En tanto, diputados federales y organizaciones de familias de personas desaparecidas se congratularon por la aprobación de la ley contra la desaparición forzada de personas y exigieron que se le destine presupuesto suficiente para garantizar su inmediata y eficaz implementación.
Acompañado por integrantes del movimiento "Nuestros Desaparecidos en México", el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Armando Luna Canales, expresó su beneplácito por la nueva legislación.
"Estamos muy contentos, esta es una buena noticia, diría yo la primera en mucho tiempo para muchas familias, expresó el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Reconoció el trabajo de las organizaciones de familias de desaparecidos para concretar este proyecto que, dijo, "es un producto con una gran dosis de sufrimiento y dolor, pero con gran optimismo, y con mucha esperanza de que el futuro del país sea sin desapariciones".
Luna Canales planteó que así como se generó el consenso para la aprobación de dicha ley, la asignación de presupuesto para su correcta aplicación también es ineludible.
"Tenemos cifras claras que nos orientan a lo que se tiene que conseguir y estamos más que comprometidos en sacar esta ley adelante y lo estaremos haciendo en los siguientes días, en la aprobación de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018", aseguró.
En tanto, la diputada perredista Cristina Gaytán Hernández celebró que se cumpliera el compromiso de los diputados por aprobar la ley contra la desaparición forzada y asumir que "los desaparecidos y desaparecidas son de todos, nos faltan a todos".
"El planteamiento está hecho, son 422 millones que según la propia Cámara de Diputados y su área de finanzas públicas ha señalado para la ley contra la desaparición forzada y para la ley contra la tortura. El compromiso es que no sea una ley que no tenga manera de implementarse", subrayó.
Por su parte, Madres de jóvenes desaparecidos e integrantes del movimiento Nuestros desaparecidos en México, se congratularon por el trabajo de los diputados por aprobar una herramienta para enfrentar la crisis de desapariciones e impunidad en el país.
"Las familias que conformamos el movimiento Nuestros Desaparecidos en México saludamos la aprobación de dicha ley por ser el resultado de casi tres años de trabajo por parte de más de 60 colectivos, familiares y organizaciones de la sociedad civil que han propuesto contenidos fundamentales de ésta", indicaron.
Aval. Con 397 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, se aprobó el dictamen por el que se expide la Ley General en matera de Desaparición Forzada.