Nochixtlán, operativo mal ejecutado
A 16 meses de la represión policiaca en Nochixtlán, Oaxaca, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, sostuvo que los hechos ocurridos el 19 de junio del 2016, en el que murieron siete personas, son "un ejemplo de lo que no debe ser" en materia de desalojos de vialidades.
Y es que -dijo- no se observaron coordinación ni protocolos de actuación entre las corporaciones estatales y federales, además de que se registró un uso excesivo de la fuerza, detenciones ilegales y tratos crueles inhumanos y degradantes.
Al presentar la Recomendación 7VG/2017, el ombudsman nacional señaló que las violaciones a derechos humanos ocurridas en el operativo policiaco en el que participaron miembros de la Policía Federal, la Gendarmería y policías estatales y ministeriales fueron "graves", al registrarse entre ellas siete fallecidos, 174 civiles lesionados, 45 de ellos por arma de fuego, así como 106 policías heridos, cuatro por arma de fuego.
Acompañado del segundo visitador Enrique Guadarrama, González Pérez acusó a autoridades estatales y federales de obstaculizar el trabajo del organismo, lo que atribuyó a "falta de voluntad a que se conozca la verdad, para que se pueda llegar al fincamiento de responsabilidades, que esto limite la reparación del daño, y sobre todo el que se esté invisibilizando hechos como éstos, se evite generar garantías de no repetición".
En una exposición detallada de la investigación -realizada durante siete meses por personal del organismo- que se desplegó a Nochixtlán, así como a las comunidades de San Pablo Huitzo, Hacienda Blanca y Trinidad de Viguera, hasta donde se expandió el operativo, el ombudsman exigió fincar responsabilidades a todos los servidores públicos responsables de los abusos cometidos, en un operativo dirigido a desalojar a agremiados de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
"Estamos pidiendo que todos los que tuvieron que ver con la planeación, diseño, ejecución de este operativo se investigue precisamente su participación en ese mal diseño y, desde luego, quienes más tuvieron conocimiento de esos sucesos", sostuvo.
El presidente de la CNDH señaló que, en una revisión de la indagatoria penal, personal del organismo detectó "la existencia de diversas omisiones en las diligencias de investigación e inobservancia de la normatividad aplicable por el personal ministerial de la Fiscalía estatal, las cuales no han sido subsanadas en su totalidad por la PGR, que atrajo la carpeta de investigación y en más de un año no se han realizado diversas diligencias necesarias para conocer la verdad y determinar responsabilidades", pues ni siquiera se ha realizado la reconstrucción de los hechos ni se han tomado declaraciones de testigos ni víctimas.