El gobierno de Peña Nieto acaba de enviar al diablo a las instituciones. El PRI acaba de darles una patada directo a Hades, en alianza con Lucifer. La destitución intempestiva e inexplicable de Santiago Nieto, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales sólo lo confirma. Con tal de asegurar la impunidad, el priismo está dispuesto a destituir a los pocos funcionarios que actuaban para combatirla. Con tal de salirse con la suya, el peñanietismo es capaz de destruir o frenar lo que desde la ciudadanía se ha venido construyendo. Hoy no hay procurador. No hay fiscal para delitos electorales. No hay fiscal anticorrupción. No hay ley orgánica de la Fiscalía General. El PRI que se vanagloria por ser el creador de las instituciones ahora se aboca a crear un infierno donde no existen o no funcionan.
O funcionan con un objetivo particular y no es aquel para el cual fueron diseñadas. Protegen en lugar de investigar. Tapan en vez de airear. No imparten justicia; hacen política partidista. Trabajo sucio. Los encargos del Presidente en turno. Rafael Macedo de la Concha instrumentó el desafuero de AMLO. Daniel Cabeza de Vaca justificó el desalojo violento en Atenco y la aprehensión de líderes comunitarios. Eduardo Medina Mora avaló el "Michoacanazo". Arturo Chávez Chávez permitió la violación del debido proceso en el caso de Florence Cassez. Jesús Murillo Karam inventó la "mentira histórica" sobre Ayotzinapa. Arely Gómez nunca actuó contra los gobernadores desfalcadores denunciados por la ASF. Raúl Cervantes fue el Fiscal Carnal. Y ahora el encargado del despacho cesa a Santiago Nieto por una presunta "transgresión del código de conducta" de la PGR (Reforma).
Vaya ironía. Una institución caracterizada por la falta de ética acusa a alguien de no tenerla. Una institución que actúa al margen de las normas crucifica a alguien de quebrantarlas. Evidenciando con ello sus estándares elásticos y por qué hoy la PGR no tiene credibilidad. Por la decisiones arbitrarias, el comportamiento caprichoso, la irracionalidad institucional. Como lo argumenta José Roldán Xopa, el comunicado en el cual se informa sobre la separación de Santiago Nieto no aclara cuál es la transgresión ética que cometió. No acredita cabalmente la causa de su abrupta terminación. No cumple con los requisitos constitucionales y por ello puede ser objetada por el Senado. Dado el déficit de integridad con el cual carga la Procuraduría, resulta difícil aceptar sus pruritos procesales. No provee una explicación que convenza; usa un estratagema que pervierte. La PGR demanda el apego escrupuloso al "debido proceso" cuando lo viola regularmente.
La razón real para despedir a Santiago Nieto es obvia. Evidente. Está en la revelación pública de una carta que le envió Emilio Lozoya, ex director de Pemex, exigiendo que lo exonerara, que se disculpara, que le diera un trato preferencial o protección política por quién es su padre y dónde estudió. Está en la línea de investigación de Odebrecht y la supuesta triangulación de fondos -llevada a cabo por Lozoya- vía cuentas en Suiza, Islas Caimán, Brasil. Está en el "timeline" de Twitter del propio Lozoya donde se queja de cómo el "sigilo judicial" fue violado en su caso.
El único código de conducta que parece haber violado Santiago Nieto es el de la omertá, ese código de silencio que la clase política mantiene para cuidarse, protegerse, perpetuarse. El único error del fiscal fue fiscalizar. Hacer evidente la manera en la que el PRI erige los muros herméticos que mantienen a México en un infierno institucional. Y la intención detrás de su despido también en trágicamente transparente: evitar cualquier tipo de acción penal contra Emilio Lozoya. Evitar cualquier tipo de investigación en torno a Odebrecht que documente el financiamiento ilegal a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Evitar la salida del averno en el cual nos han colocado y desde el cual nos controlan.
Para salir de él, la ruta es clara. Darle a Santiago Nieto el foro y la oportunidad de defenderse de una acusación artificial. Llamar a un voto en el Senado para objetar la remoción y exigir la restitución. Exhibir al PRI si intenta tumbar ese voto opositor con mayoría simple y la compra del voto de los senadores. El priismo ha colocado a las instituciones en el recinto de Lucifer, pidiendo entrada. Y habrá que alertar sobre el olor a azufre.