No basta con destituirlo; hay que aniquilarlo y sentar un precedente para que nadie más ose desafiar el poder del Estado mexicano. Santiago Nieto, hoy ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, no únicamente fue destituido ilegal y arbitrariamente de su puesto, sino que ya le iniciaron, al menos, seis averiguaciones previas en su contra: de acusador pasó a acusado.
Una semana después de haber sido destituido, Nieto desistió de su intención de ser reinstalado en el cargo ante la necesidad de dedicarse a preparar su defensa jurídica, pues corre el riesgo de ser encarcelado.
Para disipar cualquier duda de que en México vivimos una autocracia, la respuesta del Estado mexicano al intento de un servidor público de hacer valer el Estado de Derecho es brutal: destitución y persecución.
En cualquier democracia la respuesta ante una situación similar sería la renuncia del Jefe de Gobierno o, al menos, el otorgamiento de plenas garantías para que el responsable de las investigaciones cumpliera cabalmente con sus responsabilidades. En México, lo que procedió fue la destitución y persecución de quien encabezaba las investigaciones.
Los hechos de la última semana evidencian el extraordinario poder concentrado en la figura de una sola persona, que puede arbitraria y discrecionalmente cesar y perseguir a quienes por proceder conforme a derecho, amenazan su poder.
Lamentablemente el uso político electoral de la Procuraduría General de la República ha sido una constante, tanto en los gobiernos priistas como en los panistas. EL caso más representativo del gobierno foxista fue el desafuero Andrés Manuel López Obrador, en el 2005 como la vía para impedirle ser candidato a la Presidencia de la República en el 2006. Y, en el de Felipe Calderón, el llamado "michoacanazo", cuando el 26 de mayo de 2009 -en la víspera de las elecciones intermedias- el gobierno federal en un operativo policiaco militar detuvo a 38 servidores públicos municipales y estatales incriminados por su involucramiento con "La Familia Michoacana"; todos fueron liberados, el último en abril del 2011.
En este sentido no hay mayores cambios, sin embargo, en el presente caso no se trata únicamente de eliminar a un contendiente electoral o de impactar a la opinión pública a la mitad de un proceso electoral, sino de mostrar la fuerza del Estado y reconstituir el príiato.
Es importante dejar claro que el presidente mexicano todavía es intocable; quien intente investigar hechos que eventualmente puedan incriminarlo directamente pagará las consecuencias: no únicamente la destitución, sino la persecución. Esta es la respuesta presidencial a la averiguación previa relacionada con el caso Odebrecht-Lozoya, que eventualmente evidenciaría el ingreso de recursos a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en el 2012.
Otra vez, esto no es nuevo, durante el gobierno de Fox, la investigación de "Amigos de Fox" nunca caminó. En aquel entonces, el sometimiento de la Fepade era tal que ni siquiera hubo riesgo de que se integrase una averiguación previa amenazante; ahora, sí hubo el intento y la respuesta fue fulminante.
Pero la segunda intención es todavía peor, pues las elecciones de junio pasado, particularmente en el Estado de México y Coahuila, evidenciaron que la estrategia electoral del PRI involucra de manera central: el uso de programas sociales, el desvío de recursos públicos; la utilización de recursos privados no reportados; y la compra y coacción del voto. Nieto Castillo integraba varias averiguaciones previas vinculadas a estos presuntos delitos y, por supuesto, que su posible sanción daría al traste con la estrategia electoral tricolor de cara al 2018.
En ese sentido, el descabezamiento de la Fepade simplemente es completar la toma de las instancias electorales. El PRI ya tiene el control de, al menos, 4 de los 11 Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y con ello tiene la posibilidad real de bloquear muchas de las decisiones más importantes, por ejemplo la designación del Titular de la Unidad de Fiscalización.
En el caso de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tienen asegurada la mayoría de los votos, como se evidencia con los rechazos de varios de los acuerdos del Consejo General del INE que les resultaban incómodos, como el llamado de "cancha pareja", la regulación de los programas sociales durante los procesos electorales o los dictámenes de fiscalización de la elección de Coahuila.
Para cerrar el círculo requerían también controlar la Fepade, pues era la única de las 3 autoridades electorales que les impedía tener plena libertad para implementar su estrategia electoral para el 2018. Sin Nieto Castillo en la misma, ahora sí no hay autoridad electoral que les impida cometer todo tipo de delitos, irregularidades y arbitrariedades, todo está bajo su absoluto control.
Pero no bastaba con asegurar el control de la Fepade, había que aprovechar el caso para escarmentar a todas las autoridades electorales: se someten a los designios presidenciales o sufrirán las consecuencias. Dado que el desempeño del gobierno de Peña Nieto no les asegura refrendar su triunfo en las urnas legal y legítimamente, tenían que garantizar el control de las instituciones electorales para lograrlo, incluso violando la ley.
Ahora sí se disponen a reconstituir el príiato; ya aprovecharon el presente sexenio para asegurar el control de la mayoría de los 11 Ministros de la Suprema Corte de Justicia; el próximo primero de julio del 2018 pretenden no sólo ganar la Presidencia de la República, sino refrendar la mayoría en la Cámara de Diputados y ganarla nuevamente en el Senado.