Las instituciones del país siguen erosionándose. Una persistente conspiración corroe su legitimidad, se les incapacita para cumplir su labor, se les ensucia, se les olvida. Se tuercen las normas que las cuidan, se cambian las reglas para desnaturalizarlas, se les abandona como si fueran un estorbo. Los últimos años han sido terribles para el régimen de las instituciones. La erosión, por supuesto, no tiene fecha de nacimiento. No hemos vivido nunca bajo un régimen institucional estricto, sólido pero, en tiempos recientes, debe registrarse el golpe que sufrió el instituto electoral como el inicio de una acelerada descomposición, el inicio de una reversión: el origen de nuestra desinstitucionalización. Fue hace ya una década cuando el Instituto Federal Electoral fue descabezado. Un órgano constitucionalmente autónomo, el símbolo del cambio democrático fue decapitado. La protección constitucional que lo amparaba fue arrollada por el perverso acuerdo de la clase política. Si la constitución escuda a un órgano, no hace falta más que cambiar la constitución para derruirlo. La clase política truena los dedos y cambia una ley en principio inamovible. El golpe era una advertencia o, más bien, una amenaza: la autonomía de los árbitros depende del capricho de los jugadores.
Si uno atiende al texto de las reglas, pensaría que el país cuenta con instituciones admirablemente sólidas, que el conflicto encuentra árbitros jurídicamente robustos que se elevan con tranquilidad por encima de los poderes políticos y los intereses económicos. Hemos establecido un archipiélago de órganos autónomos para regular las elecciones, para promover la competencia, para regular las telecomunicaciones, para recabar datos, para defender los derechos humanos, para combatir la discriminación. Cada uno de estos órganos cuenta con un estatuto protector: se cuida el reclutamiento de los titulares, se disponen una serie de procedimientos para impedir su subordinación, se fijan mecanismos para marcar distancia. Pero de nada sirven estos resguardos frente a la sagacidad autoritaria. Hemos levantado fortines que son, en realidad, estructuras de cartón.
No hay órgano que resista la inquina de los poderes. Puede haber estatutos de autonomía pero no hay respeto por la autonomía. Los órganos autónomos pueden decapitarse con facilidad. También se les puede desnaturalizar a través de su integración. Vulnerar la autonomía tratando a las entidades como delegaciones de la administración o de los partidos políticos. Más grave aún es que se viole la ley para colocar a subalternos. Así se hizo con una institución crucial para el país: el INEGI. El escándalo de su reclutamiento más reciente fue breve pero no debe olvidarse. Violar la ley para insertar a un subordinado en un órgano autónomo es trastocar el sentido mismo de su existencia. Colocar en el órgano directivo de un órgano autónomo a un representante del gobierno aunque no cumpla los requisitos de ley es darle al traste a la institución. Los tecnócratas como el Secretario de Hacienda que gritan sobre el peligro del populismo, lo arremedan y lo convocan al degradar a las instituciones.
El desdén corroe igualmente la vida institucional. Actuar como si las instituciones no existieran, como si no fueran necesarias, como si lo que dijeran no mereciera respuesta. Se deslegitiman los órganos públicos cuando enfrentan el vacío de las instituciones a las que interpelan. Ignorar, por ejemplo, las recomendaciones de los órganos autónomos, dejar en el aire sus avisos es demoler su mecanismo de autoridad. Hoy atestiguamos ese desprecio al constatar que se les pretende dejar baldías. Dejar a las instituciones sin titular; mantenerlas con interinos de precaria legitimidad. Como no tenemos problemas de delincuencia, como no existe impunidad en el país, podemos darnos el lujo de vivir sin un procurador en plenitud. Como la corrupción es un problema menor, no tenemos urgencia de un fiscal anticorrupción. Como nos encaminamos a una elección plácida y en concordia, como el delito no se merodea las campañas, nos podemos dar un lujo de prescindir de un fiscal electoral.
Debilitar instituciones: el propósito que une a la clase política entera.