Defiende Rajoy el cese del Gobierno catalán

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, defendió hoy el cese del Ejecutivo catalán y la convocatoria de elecciones regionales porque "había que recuperar el respeto a la libertad y la convivencia" y poner fin al "delirio" de los independentistas.

Rajoy viajó este domingo a Barcelona por primera vez desde la puesta en marcha de esas medidas el pasado 27 de octubre tras la declaración de independencia que tuvo lugar en el Parlamento catalán, posteriormente suspendida por el Tribunal Constitucional español.

Entre esas medidas, amparadas en el artículo 155 de la Constitución, estaban el cese del Gobierno catalán, la disolución de su Parlamento y la convocatoria de elecciones regionales el próximo 21 de diciembre, que Rajoy, según dijo hoy, tomó después de "haber agotado todas las vías".

"Había que recuperar el respeto a la libertad y la convivencia y era urgente restituir el autogobierno y el interés general" para frenar la "escalada de agresión a la convivencia", argumentó el jefe del Gobierno español en un acto de su partido (PP, centro-derecha) en Barcelona.

Subrayó que era además "inaplazable devolver la legalidad a las instituciones en Cataluña". "Por eso lo hicimos y no por otra razón", concluyó.

Rajoy, al tomar esas decisiones, contó con el apoyo de los socialistas (PSOE), primer partido de la oposición, y de los liberales de Ciudadanos.

Ese apoyo del PSOE ha tenido consecuencias en Cataluña y hoy el partido de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, decidió romper el pacto de gobierno que mantenía con los socialistas.

Barcelona en Comú, el grupo de gobierno en el consistorio de la capital catalana, tomó esa decisión en una votación entre sus militantes, de los que el 54.18 % decidió romper con el partido socialista.

La alcaldesa aseguró hoy en su cuenta de Twitter que la ruptura del pacto "ha sido una decisión difícil" y deseó que los socialistas recuperen pronto las "alianzas de izquierda".

Esta decisión hará más complicada la gobernabilidad de la capital de Cataluña, ya que solo cuenta con once concejales de los 41 que componen el consistorio, muy fragmentado entre distintos partidos.

Colau, una figura muy destacada en la política catalana y que procede de los movimientos ciudadanos afectados por la crisis económica, no se ha manifestado como independentista pero ha defendido el derecho de los catalanes a decidir sobre esta cuestión.

En las últimas semanas ha alternado las críticas al cesado presidente del Gobierno catalán Carles Puigdemont -al que ayer acusó de haber "engañado a su propia gente" y haber "llevado al país al desastre"- con su clara oposición a las medidas adoptadas por el Gobierno y la Justicia de España contra los independentistas.

Después de conocer la decisión de Barcelona en Comú, el líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, criticó a Colau por romper el pacto municipal. "Entre Barcelona y la independencia ha escogido la independencia", lamentó.

La convocatoria de los comicios regionales para el 21 de diciembre está haciendo tomar posiciones a todos los partidos en Cataluña.

El jefe del Gobierno español, que también es presidente del Partido Popular, apoyó hoy al cabeza de lista de esta formación, Xavier García Albiol.

Rajoy hizo un llamamiento a la "mayoría silenciosa y silenciada" no independentista de Cataluña para que llene las urnas el 21 de diciembre, en unos comicios que, según subrayó, serán "limpios y legales para restaurar la democracia".

Por su parte, los socialistas se comprometieron hoy a aportar "estabilidad" y "unidad", para dejar atrás los tiempos de "división" que han caracterizado el proceso independentista.

El intento de secesión en Cataluña, además de las consecuencias políticas, ha tenido también consecuencias judiciales, ya que ocho miembros del cesado Gobierno catalán, entre ellos su vicepresidente, Oriol Junqueras, están en prisión provisional, investigados por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.

Además, el expresidente catalán Carles Puigdemont y cuatro miembros de su antiguo gabinete viajaron a Bruselas para no presentarse ante la Justicia española.