Exigen justicia para Javier Valdez
El secretario general del gobierno estatal, Gonzalo Gómez Flores, acudió al Congreso de Sinaloa a entregar el primer informe del gobernador Quirino Ordaz Coppel. Ahí lo esperaban representantes de organizaciones sociales, quienes colocaron cruces rojas y carteles en la barda perimetral del Congreso local, en demanda de justicia para Javier Valdez Cárdenas, quien fue ejecutado hace seis meses en Culiacán.
El funcionario estatal limitó su participación a hacer referencia a los artículos de la ley que obligan al gobierno estatal a entregar un informe de la administración, nada más, según informó el semanario Ríodoce.
Irma Tirado, presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), expresó que los grupos parlamentarios han manifestado su interés de escudriñar las acciones del primer año de ejercicio y los diferentes ejes que la ciudadanía demanda. Al evento no asistieron los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional.
Por su parte, los integrantes de la Comisión Ciudadana, en la que participan activistas sociales de la entidad y periodistas del semanario Ríodoce, del que Valdez Cárdenas fue cofundador presentaron al Congreso estatal una petición para que comparezca el fiscal Juan José Ríos Estavillo e informe sobre los avances de la investigación.
A su vez, el director de Ríodoce, Ismael Bojórquez Perea se reunió con un grupo de diputados, encabezados por el presidente de la Mesa Directiva, Víctor Antonio Corrales Burgueño y comentó que ya hay mucha tierra y polvo sobre el expediente de Valdez, lo abona la posibilidad de que su crimen quede impune.
En el documento entregado por la Comisión Ciudadana a los diputados sinaloenses, se pide que la comparecencia sea el 10 de diciembre, cuando se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos.
Bojórquez Perea insistió en que Corrales de respuesta al caso de Valdez y otros, como el de Dayanna Esmeralda Fierro -la menor de cinco años que desapareció el pasado 6 de junio en Navolato y cuyo cadáver fue localizado el 23 de octubre- para terminar con la impunidad.
En el documento, los promoventes arguyen que la ejecución de Valdez tiene un significado social y público para la democracia del país, para Sinaloa y para la ciudadanía.