Ex policías exigen justicia tras encierro

Exelementos de seguridad pública de Gómez Palacio y Lerdo, que fueron detenidos arbitrariamente en enero de 2013 y pasaron tres años nueve meses pagando una condena por delitos que no cometieron, exigen a las autoridades la reparación del daño que les provocaron y una justa liquidación.

La mañana del miércoles, parte de los exagentes afectados se presentaron en la casa de Gobierno de Durango en busca de tener una proximidad con el gobernador del Estado, José Rosas Aispuro para pedirle la liquidación correspondiente a los años que prestaron sus servicios como agentes preventivos.

Fue en el 18 de enero del año 2013 que las corporaciones de seguridad fueron desmanteladas en La Laguna de Durango, quedando los municipios de Lerdo y Gómez Palacio sin policía preventiva.

Los afectados narran que hasta las corporaciones arribaron agentes militares, quienes tomaron las instalaciones de las corporaciones y una semana después los citaron para la entrega de armas.

Ese viernes 18 de enero, los agentes fueron privados de su libertad y trasladados a la Fiscalía de Durango, donde aseguran los obligaron a firmar documentos en blanco y declaraciones falsas.

Una semana después los trasladaron a una casa de seguridad donde aseguran permanecieron cautivos por dos meses, bajo constantes maltratos y tortura psicológica, hasta que por fin fueron ingresados al Cereso de Durango como probables responsables del delito de secuestro, delincuencia organizada y homicidio.

Tres años y nueve meses después, los agentes obtuvieron su libertad, al constatarse su inocencia.

Hoy los agentes a quienes les violentaron sus derechos y obligaron a pagar una condena por un delito que no cometieron, buscan que las autoridades los liquiden conforme a derecho y les compensen el daño y maltrato al que fueron sometidos.

Actualmente los 23 afectados, quienes luchan por sus derechos desde hace un año y medio, llevan una audiencia para el pago de la indemnización como trabajadores y un juicio por la reparación de daño, los cuales a su parecer están siendo entorpecidos por las autoridades del Tribunal Fiscal y Administrativo de Durango.

Los afectados exigen al Estado de Durango que responda por los daños que les causaron desde el 18 de enero del año 2013, que para ellos prácticamente acabó con su vida y años de servicio.