Intestado el 33% del terreno social
El 90 por ciento de los juicios que atiende anualmente la Procuraduría Agraria tienen que ver con derechos de sucesión, informó que delegado, Pedro Silerio García.
Cada año, en promedio, la dependencia agraria recibe unos mil 300 juicios, la mayoría interpuestos por familiares de titulares de derechos ejidales o de comunidades que al morir no dejaron un heredero.
Si bien la mayoría de estos casos se trata de la primera generación, los casos más complejos que se atienden son aquellos que involucran una sucesión de segunda o incluso de tercera generación, cuando no existe claridad legal sobre quien es el heredero natural de los derechos.
Actualmente, el rango de edad de los titulares con derechos sobre parcelas, terrenos forestales o de agostadero, etcétera oscila entre los 70 u 80 años.
Se estima que de los 121 mil ejidatarios y comuneros que hay en el estado unos 40 mil, es decir el 33 por ciento no cuenta actualmente con un documento que acredite la sucesión en caso de fallecimiento.
"Hay gente que se le complica venir a la ciudad, la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional hemos hecho jornadas y si hemos ido a los municipios pero si hay faltantes", afirmó el delegado.
Pedro Silerio destaca que si bien los titulares de estas tierras de tipo común pueden dejar su testamento firmado ante notario público esto no es lo ideal porque al momento de que exista alguna inconformidad de los herederos este documento es impugnable ante las autoridades agrarias.
Lo correcto es que el titular deje fe de su determinación de nombrar un heredero ante el Registro Agrario de la Propiedad para dar certeza a su sucesor con las reglas que rigen los terrenos sociales en Durango.
Los casos en los que no existe más de un heredero, el juicio puede resolverse en un periodo que va de los seis meses a un año.
Aquellos en los que la autoridad debe dirimir sobre quién es el sucesor pueden tardar hasta cinco años o más, con el consecuente desgaste económico y emocional para los involucrados.
El tener los derechos acreditados se convierte en una necesidad porque los titulares pueden acceder a programas de asistencia social como el ProGan, el ProAgro o activos productivos que piden entre las reglas de operación que el titular acredite la propiedad del terreno forestal o parcela.
De ahí que la sugerencia del encargado de la Procuraduría Agraria en Durango es que cada uno establezca como prioridad el dejar clara la sucesión ante la posibilidad de un fallecimiento.