Gobernadores apoyan Ley de Seguridad

Gobernadores de siete estados pidieron a los senadores aprobar con celeridad la Ley de Seguridad Interior porque las policías están rebasada por grupos del crimen organizado y es necesario un marco jurídico que regule la actuación de las Fuerzas Armadas.

En la reunión estuvieron los gobernadores de los gobernadores de Colima, José Ignacion Peralta; Durango, José Rosas Aispuro; Guerrero, Héctor Astudillo; Jalisco, Aristóteles Sandoval; Querétaro, Francisco Domínguez; San Luis Potosí, Juan Carreras, y Tlaxcala, Marco Mena, quien exigieron a los senadores ratificarla ley que ya aprobó la Cámara de Diputados.

A nombre de los gobernadores panistas de Baja California Sur, Aguascalientes y Tamaulipas, Rosas Aispuro respaldó esta ley y admitió que la delincuencia organizada ha rebasado a los mandos civiles, pero aseguró que los estados no han renunciado a su responsabilidad de seguridad.

"Necesitamos el apoyo de las fuerzas armadas para la seguridad interior. No para la seguridad pública", afirmó.Sin embargo, agrego, "al vernos rebasados en algunos casos por la debilidad institucional en las corporaciones policiacas, indudablemente que eso transgrede la seguridad interior".

Por eso necesitamos que el Ejército pueda tener un marco jurídico que le permita actuar con certeza, dijo pues actualmente "no necesariamente tenemos los protocolos que garanticen una actuación apegada a derecho".

En el mismo sentido se expresó el gobernador de Querétaro, quien aseguró que en los estados "no rehuimos a garantizar la seguridad pública de los ciudadanos, pero cuando hablamos de seguridad interior necesitamos dotar de certeza jurídica a nuestras Fuerzas Armadas".

La reunión con gobernadores ocurrió luego de que el pasado 8 de diciembre el presidente Enrique Peña Nieto pidió al Senado escuchar todas las voces y enriquecer la Ley de Seguridad Interior, que enfrenta la oposición de la sociedad civil y ha despertado la preocupación de organismos internacionales como la ONU.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, expresó recientemente su preocupación por la aprobación de la ley, por el peligro que representa para los derechos humanos.

"No es una solución real y consolida el paradigma militar que no ha reducido la violencia y ha aumentado las violaciones a los derechos humanos", dijo Jarab.

Para los gobernadores, en cambio, se trata de un recurso inaplazable y necesario para enfrentar el crimen organizado en sus entidades.

En Guerrero, uno de los estados más violentos del país "son insuficientes" 5,000 policías municipales para combatir el narcotráfico", dijo el gobernador de la entidad.

Astudillo lamentó que su entidad ocupe el primer lugar de homicidios en el país y aseguró que los militares han sido leales con los ciudadanos. "Quienes violan los derechos humanos son los delincuentes", sentenció.

Por eso consideró que la aprobación de la ley es una "imperiosa necesidad" para dar un marco legal que regule la actuación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen.

También Domíguez, de Querétaro, pidió a los senadores discutir y votar "lo más rápido" esta legislación, que "en ningún lado dice que se va a militarizar el país".

El gobernador de Tlaxcala consideró que "ha habido suficiente tiempo de deliberación de este tema tan importante", "se han escuchado todas las voces" y "es indispensable que contemos con esta ley a la brevedad".

A favor de la ley también se manifestaron los gobernadores de San Luis Potosí y Colima. Este último incluso agradeció el apoyo de las Fuerzas Armadas para "coadyuvar a restablecer las condiciones de seguridad".

Sólo Aristóteles Sandoval, gobernador de Jalisco, hizo críticas a la ley al considerar que "es poco precisa respecto a la estrategia general" y "hay inquietudes" por parte de la sociedad civil como las disposiciones contra el principio de máxima publicidad.

Además, hizo un llamado a retomar la discusión del mando único y debatir la legalización "de algunas sustancias".

Roberto Gil Zuarth, senador del PAN e impulsor de la Ley de Seguridad interior, dijo que "no es posible prescindir de las Fuerzas Armadas" porque el crimen organizado ya no es un problema de seguridad pública sino de seguridad nacional.

"El problema es que ni los estados pueden con la delincuencia organizada ni la Federación asume por completo la responsabilidad de la delincuencia organizada", y "llevamos 12 años aventándonos la bolita", dijo.

"No podemos estar más militarizados ya", advirtió. "En 27 estados hay presencia permanente de las Fuerzas Armadas, esto es 87% del territorio nacional. ¿Por qué? Porque la facultad (del Presidente) no está reglamentada", aseguró.

"Tenemos dos opciones: o dejamos las cosas como están, dejando la facultad discrecional del Presidente de la República para utilizar las Fuerzas Armadas para todo o revisamos el modelo de seguridad nacional", concluyó.

En la sesión, los senadores Dolores Padierna, Miguel Barbosa y Manuel Bartlett, del PT-Morena, argumentaron en contra de la Ley de Seguridad Interior por representar violaciones a la Constitución por el fracaso de los militares para disminuir los índices de violencia.

Barbosa reprochó a los gobernadores que apoyan la Ley de Seguridad Interior que no se preocuparan porque "esta ley permite tener un Ejército mucho más accionante en la vida cotidiana de la sociedad".

En cambio, dijo, dejaron de lado "la reforma constitucional que ustedes mismos impulsaban en su momento, que de mando único pasó a mando mixto, pero que satisfizo, creo yo, lo que habría sido un nuevo modelo de seguridad pública y de sistema policial".