No a la intimidación

El jueves de la semana pasada, el que esto escribe entrevistó a un joven estudiante del Instituto Tecnológico de Durango que advirtió irregularidades en el andar estudiantil del dirigente de la Sociedad de Alumnos, Emmanuel David Reyes Hernández.

No es la primera vez que un servidor realizaba un trabajo periodístico relacionado con "El Termi", pues en su momento (con documentos que aún se conservan, incluso actualizados) se expuso su situación académica irregular, para nada adhoc con la forma en que debe conducirse un líder de dicha categoría.

Más aun: esta ponía en entredicho su dirigencia, pues de acuerdo a esas pruebas documentales, no debería ser más un estudiante, y mucho menos presidente del organismo. No tenía derecho a ninguna de las dos cosas, en honor a la normativa.

Antes, en febrero -cuando se tocó el tema por primera ocasión-, Reyes Hernández acusó a un servidor de escribir con un afán de golpeteo, patrocinado económicamente; sus colaboradores, por su parte, se lanzaron a los insultos, incluso con sus cuentas reales, respaldando a ultranza esa acción de su líder. Él, por cierto, tras una columna de opinión en que se expusieron sus irregularidades académicas, citó a una rueda de prensa para refrendar su repudio al "ataque pagado", según él realizado por este servidor.

Regresando a la nota del jueves, luego de aparecer en el noticiero para el cual este reportero trabaja, se dieron una serie de amenazas "anónimas" (a través de troles) en las que se mencionaba como objeto de posible daño al patrimonio: graffiti a mi domicilio y afectaciones a mi vehículo.

Fue imposible no relacionarlas con dicho trabajo periodístico, cuando en toda la semana, no hubo en la agenda de este servidor otros temas que pudiesen caldear el ánimo del personaje que fuese. A menos que a alguien moleste que se hable de las bajas temperaturas, nevadas y demás.

Todo tope en lo material, dirían los superficiales respecto a los avisos vertidas por un par de cuentas de Twitter. Sin embargo, cualquier tipo de advertencia violenta contra un periodista va más allá.

El objeto de una amenaza no es necesariamente anunciar un hecho futuro, sino que es una acción con un objetivo claro en tiempo presente: intimidar. Y a la par de ello, incidir en los contenidos que dicho difusor desarrolle en el día a día. Que deje de publicar tal cosa o empiece con otra, pues.

¿Qué pasa cuando el actor no se intimida? Hay tres posibiledades: que el agresor desista, que las amenazas suban de tono; o que estas se materialicen.

Ayer, luego de reflexionar acerca de lo ocurrido, este servidor optó por interponer una denuncia formal contra "quien resulte responsable" por el delito de amenazas, establecido en el artículo 174 del Código Penal para el Estado de Durango, y que contempla penas de un mes a un año de prisión.

Evidentemente, el menor de los deseos es que los avisos crezcan o se cumplan. Quizá la denuncia sea suficiente para que esto último no ocurra. Los especialistas que se pusieron en contacto con un servidor lo prevén. Ojalá.

Sin embargo hay que ir más allá.

A diario, y durante muchos años, los reporteros, fotógrafos y camarógrafos duranguenses nos hemos enfrentado a situaciones en las que no existe un intermediario sólido entre aquellos que quieren dañar y el trabajo periodístico.

Si alguien amenaza, es porque no tiene en su cabeza algún antecedente en el que la autoridad haya castigado por dicho motivo. Lo mismo ocurre en cualquier otro tipo de agresión.

Por eso es importante que entes como la Fiscalía General del Estado y el Tribubal Superior de Justicia comiencen a establecer precedentes en materia de investigación y castigo para aquellos que tratan de vulnerar el derecho a informar o expresarse.

La justicia pronta es importante, ya sea para confirmar o descartar si el supuesto es el agresor real (ambas cosas posibles en este caso) y así proteger mejor el derecho de quienes se dedican a exponer lo bueno y malo de la sociedad.

Se requieren ejemplos para que a estas administraciones les vaya bien.

En el caso que se toca en esta columna, existen altas posibilidades de que los ataques vengan de los agraviados con el trabajo periodístico citado, dados los antecedentes ya existentes; pero también podría resultar que alguien más, en el afán de dañar la imagen de quien sea, sea oportunista y lance un tiro de precisión para afectar a quien, en su momento, ya sobrereaccionó contra el periodista.

Toca a las autoridades resolver ese dilema. Por lo pronto, vale la pena en este texto incrustar un agradecimiento a quienes expresaron respaldo, tanto en el gremio, como en la sociedad por parte de la autoridad, que hasta ahora se ha comportado a la altura, encabezada por la Fiscal Ruth Medina Alemán.

Y a fuerza de ser sincero, el objetivo no es que se castigue a alguien en específico, sino que cada vez exista menos el atrevimiento a intimidar a quien tiene el único fin de informar. Que este sea un primer gran paso hacia allá.

Twitter: @luizork