José Antonio González Anaya y Miguel Messmacher dormían poco y ahora Donald Trump les espantó el sueño. Ayer, el secretario de Hacienda y su subsecretario de ingresos pasaron la madrugada consultando con analistas internacionales y funcionarios de otros países la reciente reforma fiscal de Estados Unidos. Casi todos coincidieron en que es regresiva, porque beneficia a los más ricos, y que su efecto en las economías extranjeras será moderado.
Según ambos funcionarios, la reforma fiscal de Trump ni provocará una salida de capitales del país ni afectará la recaudación -porque no habrá una avalancha de cambios de domicilio fiscal a Estados Unidos- y por ende tampoco va a detonar una reforma tributaria en México… al menos no el próximo año.
La narrativa de la mancuerna de itamitas, cuyos mentores son Luis Videgaray y José Antonio Meade, es convincente desde el punto de vista técnico: la tasa corporativa promedio que pagarán las empresas en Estados Unidos, con todo y recorte, será de 27%, similar a 30% de ISR que se paga en México. Por otro lado, el tratado para evitar la doble tributación ente México y Estados Unidos desincentiva el cambio de domicilio fiscal y la salida de inversiones financieras del país.
Sin embargo, sería ingenuo pensar que la decisión de no hacer modificaciones fiscales de fondo (el gobierno puede recortar impuestos sin necesidad de pasar por el Congreso) tiene que ver también con el proceso electoral de 2018 y con los costos que generaría para el candidato del partido en el gobierno. Por eso, el temor sobre el futuro económico de México se ha visto reflejado en los mercados, principalmente en el tipo de cambio que ayer se disparó a 19.5 pesos por dólar, su nivel más alto de los últimos nueve meses.
Del otro lado del ring están los empresarios agrupados en la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que encabeza Gustavo de Hoyos, y en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), al mando de Juan Pablo Castañón, quienes ven la coyuntura idónea para cobrar revancha por la reforma fiscal que les aplicó Luis Videgaray al inicio del sexenio.
¿Qué piden los empresarios? Entre otras cosas, la deducción total sobre inversiones, prestaciones laborales y aportaciones para fondos de pensiones. Y en el escenario imposible para un año de elecciones, que haya una reducción gradual del ISR a niveles promedio de la OCDE, que es de 24.66%.
Para ellos, el mensaje del gobierno es: No hay cómo compensar un recorte a la tasa del ISR y no vamos a aumentar el déficit público, porque nos bajan la calificación crediticia.
La respuesta del gobierno a sus peticiones vendrá el próximo año, una vez que se promulgue la reforma fiscal en Estados Unidos y vean cómo reaccionan otros países. Será una negociación, porque una negativa rotunda traería consigo un costo político-electoral, como lo tuvo la reforma del ex secretario de Hacienda Luis Videgaray.
En palabras del ahora canciller: "No hay aumento de impuestos que no sea polémico, siempre representa un costo político importante". Y aunque esta vez no se trata de un aumento sino de un recorte, de no aplicarlo o negociarse generará animadversión en la iniciativa privada del país y el único beneficiado de ello sería el precandidato de la coalición México al Frente, Ricardo Anaya.
El gobierno del presidente Peña Nieto ya vislumbra este escenario y considera que parte de la presión de algunos grupos empresariales al secretario de Hacienda provienen de Ricardo Anaya.
Así que la política electoral que decía Pepe Toño González Anaya no se hace en Hacienda la veremos florecer el próximo año.
Sin candados, pese a Haciendagate. Y a propósito de política electoral y desvíos de recursos, la Secretaría de Hacienda no planea reforzar su vigilancia a los recursos que entrega a los estados, los cuales, en el caso de Chihuahua, presuntamente se utilizaron para financiar campañas del PRI en 2016. Por ello fue detenido esta semana Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex tesorero del Revolucionario Institucional y operador del ex líder del partido, Manlio Fabio Beltrones.
Para el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya ese tema (el desvió y triangulación de recursos) es un problema de los estados y poco o nada tiene que ver con Hacienda, pese a que el ex funcionario y empresario minero, Alejandro González y González, habría declarado que el desvió de recursos fue parte de un acuerdo del CEN del PRI con la Secretaría de Hacienda, encabezada entonces por Luis Videgaray.
Y para el subsecretario Fernando Galindo ya hay suficiente supervisión y candados para evitar que se malversen las aportaciones a estados y municipios que entrega el Estado a través de Hacienda.
Qué les digo, lectores.
Mejor, ¡Feliz Navidad!
Twitter: @MarioMal
Correo: [email protected]