Nuevamente están prendidas las luces de alerta: La Ley de Sustentabilidad Hídrica de la Ciudad de México aprobada el 24 de noviembre, es el anuncio de otra ley nacional para privatizar el agua.
No se sabe cuándo, quizás en cualquier momento de 2018; factor sorpresa por el cual continuarán encendidas señales de advertencia ciudadana, de enero en adelante, como sucedió en 2017.
La forma autoritaria en que se impuso la Ley de Seguridad Interior es mal precedente.
Los poderes Ejecutivo y Legislativo no ven ni escuchan a la ciudadanía. Y si en algún momento la presión social los arrincona, recurren a la simulación y a las coartadas engañosas para terminar imponiendo leyes que sólo benefician a quienes ellos arriba sirven, no al pueblo abajo, como bien puede ser el caso de la Ley de Aguas, u otra. Intentarían forzar su aprobación un día cualquiera.
Una nueva Ley General de Aguas se elabora en la Cámara de Diputados.
Téngase en cuenta que cuando el binomio político-empresarial que hace negocios con el agua no pudo imponer la Ley Korenfeld en abril de 2015 -privatizadora al ciento por ciento-, entonces siguió el camino de la imposición, poco a poco, de leyes privatizadoras del agua en los estados, y de privatizar los organismos operadores del vital líquido en ciudades y municipios donde consideró no encontraría resistencia.
Está como ejemplo la privatización de los sistemas operadores de agua en Puebla y Querétaro, producto de ese camino. O los intentos de privatización en Mexicali, Morelos y Oaxaca.
Recuérdese que el Presupuesto de Egresos 2018 incluye el recorte de 80 por ciento en los recursos federales para agua y saneamiento para 2 mil 500 municipios y áreas metropolitanas del país, que tiende a estrangular a los sistemas públicos e imponer la privatización del agua.
Ahora la Ley de Sustentabilidad Hídrica de la Ciudad de México contiene las garantías que grandes corporaciones del agua como Veolia, Suez y Gutsa, exigen para firmar acuerdos para la privatización del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Sacmex, en abasto, fijación de tarifas, cortes del suministro por falta de pago, drenaje e inversión en megaproyectos de agua de la capital mexicana.
Los intereses mercantiles son colocados por encima de los sociales.
De ahí que pueblos como Milpa Alta, Xochimilco y Tlalpan hayan presentado demandas de amparo contra la Ley de Sustentabilidad Hídrica de la Ciudad de México por ser violatoria del artículo 2° de la Constitución, pero además porque manantiales, chinampas, canales, cauces, cuerpos de agua y vasos lacustres, que están en manos de pueblos originarios, se pondrían bajo la administración del Sacmex, empresa abierta a la participación de corporaciones privadas.
Coahuila tiene una ley estatal privatizadora del agua, que requiere cambios para ajustarse al mandato del artículo 4° de la Constitución Política del país, que dice: "Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines".
La ley estatal del agua de Coahuila ni siquiera menciona la palabra ciudadanía.
Saltillo cumple dieciséis años con el sistema intermunicipal privatizado con la corporación española Aguas de Barcelona, permitido por la ley estatal.
Al amparo de la misma, intentaron privatizar los sistemas operadores de agua en Ramos Arizpe, Piedras Negras, Torreón, Matamoros de La Laguna y Francisco I. Madero, Coahuila, entre los años 2012 y 2015, frenados tras la caída del entonces director general de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, David Korenfeld Federman, y de su operador, uno de los artífices de la actual ley privatizadora del agua en el estado.
Cambiar la ley estatal del agua, apegada al derecho humano y a la gestión pública, es tarea para la ciudadanía toda y para el Congreso de Coahuila.
Como se ve, la huella del autoritarismo, como en la Ley de Seguridad Interior, está presente también en materia de agua.
Recuérdese que lo primero que buscaba la Ley de Aguas de Korenfeld era poder tomar decisiones a espaldas de la ciudadanía y ejecutarlas con la fuerza pública.
@kardenche