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VÍCTOR MONTENEGRO

Pese a los asesinatos políticos en el país, el Instituto Nacional Electoral descarta que existan focos rojos de cara a las elecciones del próximo mes de julio. Con el asesinato de Miguel Ángel Licona Islas, exalcalde priista de Mixquiahuala, Hidalgo ya son 9 políticos asesinados en lo que sería la antesala de los comicios. Ojalá me equivoque, pero lamentablemente como muchos otros hechos, son augurios muy preocupantes de lo que podría venir.

El cuerpo de Licona Islas, de 82 años y el de su hijo de 39, fueron encontrados con impactos de bala. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Hidalgo ya ha comenzado las investigaciones para esclarecer el doble homicidio, pero no ha ahondado en detalles. Una de las primeras líneas de investigación de las autoridades es que los responsables pertenecen a un grupo de sicarios.

Un día anterior fue asesinado en su propia casa, Sabino Mejía Rodríguez, militante del PRD y director de Protección Civil del municipio de Santiago Ixcuintla en el Estado de Nayarit. Antes, en menos de una semana, fueron asesinados el alcalde de Petatlán, Arturo Gómez y el aspirante al Gobierno de Atoyac, Adolfo Serna. Ambos sucesos se produjeron en Guerrero, una de las entidades más asoladas por la violencia. El 25 de diciembre del 2017 fue asesinado Marino Catalán, aspirante a la alcaldía de Zihuatanejo, otro municipio de Guerrero. Serna estaba afiliado al PRI, mientras que Catalán y Gómez eran del PRD.

El año que dejamos atrás fueron asesinados 38 políticos. El estado con la mayor cantidad de casos es Guerrero, donde se registro´ la muerte de 18 entre ellos funcionarios municipales en diferentes actos de violencia y la desaparición de tres más. La lista incluye a Roger Arellano, exalcalde de General Canuto; Catalino Duarte, exdiputado federal; Demetrio Saldívar, secretario general del PRD; Eli´ Camacho, exalcalde de Coyuca de Catala´n; Francisco Tecuchillo, edil de Zitlala; Ranferi Herna´ndez, exdirigente estatal del PRD.

En Puebla, otra de las entidades con mayor impacto violento, la lista de políticos asesinados se conforma por Antoli´n Vital Jiménez, de Tepexco; Guadalupe Gonza´lez Sai´no, regidora suplente de Jopala y Manuel Hernández Pasión, alcalde de Huitzilan de Serda´n. En esa misma entidad fueron ejecutados Jorge Herna´ndez Jime´nez, regidor en Quecholac; Joaqui´n Miranda, regidor en Chietla; y Vi´ctor Amador Jero´nimo, ex candidato a la presidencia municipal de Jalpan.

En Veracruz, también un estado con mayor índice de violencia tres políticos fueron ultimados en 2017: Santana Cruz Bahena, alcalde electo de Hidalgotitla´n; Víctor Manuel Espinoza, alcalde de Ixhuatla´n de Madero y Antonio Arroyo, candidato a la alcaldía de Tenochtitla´n. Chiapas también registro´ tres políticos muertos: Sergio Antonio Zenteno, alcalde de Bochil; Domingo Lo´pez, alcalde de San Juan Chamula y Luis Herna´ndez Cruz, li´der de la CIOAC en el estado.

De acuerdo con un estudio de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), de 2006 a la fecha han sido asesinados un total de 111 alcaldes, exalcaldes y alcaldes electos. Además, el mismo documento indica que los estados con mayor riesgo para ejercer un cargo público son: Durango, Michoacán, Oaxaca y Veracruz. Sin embargo, en el caso de nuestro estado hay que precisar que la estadística lo ubica por los hechos ocurridos en el lapso de 2008 al 2012, cuando ocupamos el primer lugar de las entidades del país con más políticos asesinados, incluido quien fuera el primer Fiscal General: Ramiro Ortiz Aguirre.

En Durango, un 3 de junio de 2008 se dio a conocer el asesinato del alcalde de Topia, Manuel Angulo Torres, militante del Partido Revolucionario Institucional. En febrero del siguiente año, el presidente municipal de Otáez, Claudio Reyes Núñez, también priista, fue otra de las víctimas. Le siguió el edil de Ocampo, Luis Carlos Ramírez López, de Acción Nacional, quien fue privado de su vida el 02 de junio de 2009. Manuel Estrada Soto, originario de Husamota y entonces alcalde del Mezquital, fue acribillado en febrero del 2010 mientras conversaba con el diputado local indígena, Mariano Soto Caldera, quien resultó gravemente herido en el atentado que sufrieran ambos en un restaurante de esta ciudad capital. En ese mismo año pero en el mes de noviembre, los medios locales daban a conocer la noticia de que el edil de San Bernardo de la Coalición Durango Nos Une, murió a consecuencia de golpes, según la información oficial propinados por un grupo armado. En cuanto a el asesinato de legisladores, Alfonso Peña Peña, alcalde con licencia del municipio de Tepehuanes y en su calidad de diputado electo fue secuestrado un 26 de junio del 2010, al siguiente año su cuerpo fue identificado en una de las fosas clandestinas que aparecieron en la capital del Estado y que vergonzosamente pusieron a Durango en las primeras planas de la prensa internacional, pero él no sería el único. Los restos del exdiputado local, Armando Rodríguez Morales mejor conocido como "El Cheyenne", se encontraron también en una de las fosas clandestinas en octubre del 2011 en la colonia San Vicente.

EN LA BALANZA.- El actual proceso electoral no está ajeno a la violencia que se vive en México, menos cuando las víctimas también forman parte de la clase política. El crimen organizado está en todos lados, su penetración es tan amplia y su poder termina imponiéndose. Vivimos en el país más peligroso para dedicarse a lo que sea...

Twitter: @Vic_Montenegro

Escrito en: VÍCTOR MONTENEGRO Contrapesos alcalde, políticos, asesinados, Manuel

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