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Corrupción institucional

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LUIS F. SALAZAR WOOLFOLK

La llegada de Javier Corral a la gubernatura del Estado de Chihuahua ha generado una situación sin precedentes en virtud de la cual, la sospecha fundada en que desde siempre existe una práctica que ha impedido la vigencia de la democracia plena en nuestro país, que se concreta en el desvío de fondos públicos a los procesos electorales, en favor del Partido Revolucionario Institucional.

La diferencia de lo que pasa hoy día, consiste en que por primera vez una instancia de gobierno encargada de investigar los delitos y perseguir a los delincuentes, ha descubierto y probado el modus operandi es decir, el cómo se hizo el trasiego de doscientos cincuenta millones de pesos en el caso de Chuihuahua, en ocasión de las elecciones locales de 2016. El traspaso de recursos de las arcas públicas hacia el bolsillo del PRI en la especie, implica en forma directa al Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del PRI Alejandro Gutiérrez, y según se ha dado a conocer de manera extraoficial en los últimos días, al entonces presidente nacional de dicho partido Manlio Fabio Beltrones.

De acuerdo al dicho del Gobernador Corral, la Secretaría de Hacienda de la Federación después de previa advertencia, retiene setecientos millones de fondos públicos que pertenecen a los chihuahuenses, como represalia por la acción persecutoria por parte de las autoridades del Ministerio Público del Estado de Chihuahua en contra del ex gobernador priísta César Duarte, de diversos miembros del que fue su gabinete y a últimas fechas, de quienes fueron los mencionados jerarcas priístas del más alto nivel en aquel tiempo.

En virtud de que Corral Jurado ha ventilado el tema en la prensa nacional e internacional, el presidente Enrique Peña Nieto se ha obligado a dar la cara de modo por cierto muy desafortunado, porque en lugar de que sea el Secretario de Hacienda sea quién salga a la palestra a demostrar con pruebas en la mano que no existe tal retención de recursos y que el chihuahuense miente, el Presidente ha respondido con evasivas, alegando que se trata de una campaña orquestada con fines partidistas y que el Gobernador quejoso debe ir a lo que Peña Nieto llama "instancias competentes" para hacer valer los derechos del Pueblo de Chihuahua.

Es fácil suponer que ninguna confianza les ofrecen a los Chihuahuenses las llamadas "instancias competentes" a las que se refiere Peña Nieto, porque el propio gobierno que preside se ha encargado de arrastrar por el lodo a las instituciones de todo tipo y del más alto nivel. Ejemplos de lo anterior lo ofrecen el desmantelamiento de que fue objeto la Policía Federal Preventiva desde el principio del gobierno peñista, la fallida designación de Fiscal General, la destitución del Fiscal Federal para Delitos Electorales, la manipulación del Instituto Federal Electoral que ha sido arrastrado al extremo de legitimar el desvío de recursos públicos hacia objetivos electorales, al autorizar el reparto de tarjetas utilizadas en la compra de votos, etcétera.

En el caso de Coahuila tenemos ejemplo de lo anterior, en la reiterada protección que el Gobierno Federal ha brindado a los hermanos Moreira, tanto a través de la Procuraduría General de la República, como por medio de instituciones diplomáticas, que también fueron enlodadas a nivel internacional, cuando la justicia española hecho el guante a Moreira Humberto. Hoy día existe en marcha una campaña mediática según la cual la Auditoría Superior de la Federación investiga a Moreira Rubén por un desvío de cuatrocientos cincuenta millones de pesos, que en realidad es un montaje para exonerar al ex gobernador y vacunarlo de toda acusación al respecto, en razón de su posición como Secretario de Elecciones del CEN del PRI, de cara al actual proceso electoral.

El esfuerzo de Peña Nieto por convencer a los mexicanos de que su gobierno es inocente de utilizar la asignación de recursos del erario público a los Estados, como una herramienta de extorsión política, es una lucha perdida para su causa y la causa del PRI, porque está en contradicción contra una convicción que con sobrada razón, está arraigada en la mente del común de los mexicanos.

La postura del Presidente confirma además la intención que le es propia así como la del llamado Nuevo PRI, de erigirse en salvaguardas de la corrupción institucionalizada, sobre la base de que dicho elemento maligno de nuestra vida pública es un factor cultural, que debe ser asimilado a las instituciones como herramienta de gobierno. Ni más ni menos.

Escrito en: Archivo Adjunto recursos, Peña, gobierno, Federal

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