El pleito del gobierno de Chihuahua y el gobierno federal importa hoy, sobre todo, porque es el golpe más certero que se le ha dado a la autoridad tecnocrática. Es cierto que la controversia se describe explícitamente como una batalla contra la corrupción. Lo es y ese es un mérito innegable de la denuncia del gobernador Corral. También es valiosa su denuncia del estropicio federal. Los gobiernos locales siguen dependiendo de los caprichos del centro. El gobierno federal puede abrir o cerrar la llave de los recursos sin rendirle cuentas a nadie. Pero tengo la impresión de que la importancia de este conflicto va más allá de esas dos órbitas. Se trata de una estocada a la pretendida superioridad de los técnicos. La configuración de la contienda electoral hace explosiva esta exhibición. El traje de sabiduría y de imparcialidad de los técnicos es invisible. Los tecnócratas caminan en cueros.
La autoridad de los técnicos se fundamenta en una supuesta superioridad racional. Siguen las órdenes de la ciencia sin imprimir en sus decisiones el sello de la voluntad. Se presentan ante nosotros como siervos de una técnica. No lo quiero yo, lo ordena la ciencia. Los expertos que saben reclaman para sí el poder de decisión porque entienden todo lo que nosotros ignoramos. Con diplomas visten su autoridad. Se disfrazan con palabras esmeradamente incomprensibles. Su fantasía es vivir en una cápsula que los mantenga a salvo de las malignas presiones políticas. De ahí la hostilidad que todo tecnócrata siente por la democracia. El conflicto es infundado: no hay más que aceptar el dictado frío de la razón económica. Los votos han de servir, si acaso, para poner y quitar gobiernos pero nunca para definir políticas. Las movilizaciones, los gritos de protestas, las exigencias colectivas son para el técnico expresiones de una furia que ha de ser contenida por una estricta racionalidad.
Quienes carecen de esas luces son incapaces de aquilatar las consecuencias de sus deseos. Hemos vivido durante décadas ese paternalismo de los expertos que se basa, no solamente en un supuesto monopolio de la inteligencia sino también en una pretendida imparcialidad. Si los tecnócratas exigen el acatamiento de su dictado no es solamente porque se presentan como expertos, sino sobre todo, porque se ostentan como agentes de neutralidad. Se han convencido de que la ideología es ajena a su oficio. Que no hay prejuicios que nublen su comprensión del mundo. No hay ciencia de derecha ni de izquierda, dicen. Hay ciencia y hay farsa. Y la ciencia es, naturalmente, la suya. Por ello nos quieren convencer que sus decisiones son asépticas, que no hay en ella mancha alguna de politiquería.
Esa es la neutralidad que ha reventado en Chihuahua. Se trata, ni más ni menos, que de la carta de legitimidad del grupo político que pretende reelección. Ese título de autoridad ha estallado con las denuncias del gobernador Corral. Más allá de las complejidades del caso, más allá de las estridencias, histrionismos y torpezas de la polémica, hay cosas que parecen innegables: la inaceptable discrecionalidad en el uso de los recursos federales, el empleo arbitrario de los fondos públicos, su utilización para premiar aliados y castigar adversarios. Leonardo Núñez González se ha dedicado a mostrar cómo el gobierno hace lo que le da la gana con nuestro dinero. ¿Y dónde quedó la bolita? (Aguilar, 2017) es el libro que contiene la radiografía de la simulación presupuestaria. La lectura del libro es francamente inquietante y se ha vuelto hoy más urgente que nunca. El pluralismo político, lejos de alentar una estricta vigilancia de los recursos públicos e imprimir racionalidad a su distribución, ha estimulado una simulación grotesca. Tras el disfraz de la imparcialidad de los técnicos apenas se esconde el uso político de los recursos públicos. Ofrezco solamente un par de números. En el último año del gobernador Duarte, Chihuahua recibió 1,562 millones de pesos del llamado Ramo 23, cuya distribución no sigue regla alguna. Era, no es casual, año de elecciones. Un periodo después, ya sin gobernador priista el mismo estado recibió 62 millones de pesos. Absurdo pensar que hay una razón técnica detrás del castigo.
Los tecnócratas que pretendieron elevarse por encima de las parcialidades de la política son hoy otra cara de la politiquería.