El 13 de febrero pasado el Estado mexicano presentó el informe de seguimiento a las recomendaciones que formuló el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de Naciones Unidas. Esto como parte del proceso de dar cuenta de las acciones que cada Estado firmante tiene que realizar contra el delito de desaparición forzada. Una vez ratificada la Convención, el Gobierno mexicano se comprometió informar sobre los avances que se tengan y a presentar la evolución de las recomendaciones que recibidas.
Como ya se ha comentado, hace tres años el Estado mexicano expuso en Ginebra, con retraso, el primer informe en materia de desaparición forzada. De dicha cita surgieron recomendaciones por parte del CED. El informe presentado hace unos días busca dar cuenta de cómo el Estado mexicano ha atendido las recomendaciones que recibió. Es un ejercicio de autorregulación en el que los Estados parte deben mostrar en dónde se encuentran con respecto a los compromisos contraídos.
Como era de esperarse, el Gobierno mexicano destaca desde el inicio del informe la reciente aprobación de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Presume con singularidad la participación de la sociedad civil, específicamente de colectivos de familiares de personas desaparecidas y la colaboración de organismos internacionales. Lo que no dice es la presión que esos grupos tuvieron que ejercer para que el instrumento jurídico no dejara por fuera los intereses de las familias de las víctimas.
Una de las recomendaciones claves que el CED le hizo al Estado mexicano es: "El Comité alienta enérgicamente al Estado parte a reconocer la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones individuales e interestatales... con miras a reforzar el régimen de protección contra las desapariciones forzadas". El origen de esta recomendación es porque el Gobierno mexicano, al firmar la Convención contra la Desaparición Forzada, no reconoce la competencia del CED para recibir quejas por parte de las víctimas, lo que impide que éstas puedan acceder a esa instancia internacional para obtener ayuda en el cumplimiento de los derechos les son privados.
La respuesta del Estado mexicano, a la recomendación enérgica que recibió, se compone de un párrafo compuesto por 173 palabras. No más. Respuesta parca en fondo y forma. Se puede resumir en la expresión "El Estado mexicano ha tomado nota", que aparece de forma literal en el informe de seguimiento a las recomendaciones. Sí, el Estado toma nota y nada más. Esta respuesta, que alcanza matices de burla, no ofrece ninguna razón contundente para rechazar la competencia del CED. Por lo que "tomar nota" bien podría ser en este contexto, un sinónimo de "no queremos" o "no nos da la gana".
Al ejercicio de tomar nota, el Estado mexicano añade ambiguamente tres "argumentos". Primero, dice que se encuentra estudiando la situación con todas las instancias internas a las que les compete el tema. No se compromete en nada. No dice para cuándo estará en condiciones de dar un posicionamiento. No aclara qué ha dificultado el proceso de definición de una postura. No manifiesta qué condiciones serían necesarias para aceptar la competencia del CED. Una respuesta que atiende a la lógica de la expresión burocrática del "ahorita no le podemos atender".
Al enunciar una segunda "explicación" de porqué el Estado mexicano no ha dado respuesta a la observación de aceptar los artículos 31 y 32 de la Convención, el informe dice que hasta ahora fue una prioridad sacar adelante la Ley General ya citada. Es decir, que el aparato del Estado mexicano no puede atender dos cosas a la vez. No puede dedicarse a preparar y promulgar una ley que proteja a los ciudadanos del delito de la desaparición forzada y, al mismo tiempo, responder a las recomendaciones del CED. Es mucho pedir. No hay que abusar así de un Estado debilitado.
Por último, el Estado mexicano le recuerda al CED que la Convención firmada establece líneas de comunicación concretas. Es decir, que el intercambio de información seguirá siendo a través de los canales que ya existen entre el Estado y el CED. Lo que continúa excluyendo a los familiares de las víctimas, a la sociedad civil en general y otros Estados, de la posibilidad de interponer denuncias contra el Estado mexicano.
El delito de desaparición forzada no prescribe. En un delito continuado. La desaparición forzada se comete en cada momento hasta que se sanciona. Los efectos psíquicos, económicos, físicos, emocionales y sociales de las familias de las víctimas de desaparición se prolongan en el tiempo. Se agudizan muchas veces. Mientas todo eso sucede, el Estado mexicano toma nota de las recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.
Twitter: @davidsecular