Coneval demanda que se garanticen las funciones de medición de la pobreza y evaluación
Con la premisa de que “lo que se mide se puede mejorar”, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) emitió un posicionamiento ante la inminente desaparición de los órganos constitucionales autónomos e hizo un llamado al Senado de la República a considerar, como se expuso en agosto pasado, que el Consejo no es un órgano constitucional autónomo y que no existen funciones duplicadas con el INEGI.
Asimismo, estableció que al trasladar fuera del ámbito de la administración pública federal las funciones de medición de pobreza y de evaluación de política social, se pone en riesgo la credibilidad de cifras fundamentales para la política de desarrollo social, la emisión de información crucial para la delimitación de zonas de atención prioritaria para los programas sociales, y la generación de evidencia oportuna y pertinente para el diseño de los planes de la nueva administración.
Se planteó también que como se ha planteado a los legisladores y a los funcionarios que han escuchado la posición del Coneval, existe la posibilidad de que se cumpla el propósito de eliminar el órgano constitucional autónomo considerado en el artículo 26 constitucional (que nunca entró en operación), sin que el Ejecutivo federal pierda funciones directamente vinculadas con la política nacional de desarrollo social.
En caso de aprobarse el dictamen en los términos actuales, exhortamos a que, en la definición de la legislación secundaria y en los artículos transitorios que definirán la manera de trasladar las funciones del Coneval al INEGI, se priorice el modelo de gobernanza técnica e independiente que ha asegurado la calidad y objetividad de la evaluación y monitoreo de políticas públicas que se ha consolidado en los 19 años de existencia de esta institución, así como garantizar la confiabilidad y credibilidad de la medición de la pobreza en México.
Lo anterior es indispensable para conservar la capacidad del Estado mexicano para apuntalar en forma efectiva las acciones dirigidas a eliminar la pobreza, así como la promoción y garantía de los derechos sociales de las y los mexicanos.
Se hizo un llamado a respetar los derechos de los trabajadores y se exhortó a que, de ocurrir dicha transición, se consideren los plazos, presupuestos y mecanismos necesarios para el cumplimiento de las actividades programadas para 2025, como la presentación de las estimaciones de la medición multidimensional de pobreza 2024, la preparación de la medición de la pobreza municipal 2025, así como la información que permita la asignación de los Fondos del Ramo 33, entre ellos el Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social Estatal y la preservación de la información, los sistemas y las metodologías que se han creado en casi dos décadas.
En el ámbito local, el Instituto de Evaluación de Políticas Públicas (Inevap) no ha emitido ningún posicionamiento.