Derecho. Las personas tienen derecho al trabajo, el cual contempla un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades y otros aspectos como la seguridad social y otras prestaciones, pero en muchos casos no se cumple.
Más de la mitad de la población mexicana labora en la informalidad, identificó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) a través de la Evaluación integral de la política social vinculada al derecho al trabajo 2023-2024.
Este estudio deja en evidencia los principales retos en la materia y plantea recomendaciones y rutas de acción cuya implementación permitiría al Gobierno federal avanzar en su tarea de garantizar este derecho a toda la población.
El informe establece que más de un tercio de la población mexicana no puede cubrir el costo de la canasta alimentaria con su ingreso laboral y se identificó también que las jornadas laborales excesivas afectan la salud y el bienestar de las personas trabajadoras y sus familias, además de frenar el aumento de la productividad e incrementar los riesgos en el trabajo.
"En México, esta se compone de 48 horas semanales, siendo una de las más largas de la región. Se recomienda establecer una estrategia que asegure un balance adecuado entre la duración de la jornada laboral, la conciliación del tiempo de trabajo y vida personal, así como el pago justo por las horas trabajadas", se informó a través de un comunicado.
Asimismo, existen brechas salariales entre grupos no justificadas por el tipo de trabajo o productividad, las cuales reflejan un trato discriminatorio que afecta principalmente a mujeres, población indígena y personas trabajadoras del sector primario y del hogar.
Establece también que los mecanismos de protección del ingreso ante la pérdida del empleo son insuficientes, especialmente en contextos de informalidad laboral, y afectan a toda la población económicamente activa.
Además, la falta de capacitación y formación para el trabajo limita el crecimiento profesional y la estabilidad laboral. En el país, las y los jóvenes, mujeres, personas trabajadoras informales y quienes tienen una menor escolaridad acceden a menores oportunidades de capacitación.
Respecto a los contratos y la estabilidad laboral, se identificó que las personas trabajadoras en condiciones de informalidad, empleos temporales o subcontratadas sufren mayor inestabilidad laboral. Además, muchos empleos no proporcionan prestaciones laborales adecuadas. Los grupos más afectados por ambas problemáticas son las mujeres, la población indígena, personas en situación de pobreza, personas trabajadoras del hogar y del sector primario.
La implementación deficiente de la justicia laboral y la falta de inspección laboral también afectan negativamente a las personas trabajadoras y a la población económicamente activa, se estableció.