Guatemala bajo 'Estado de sitio'
El Congreso de Guatemala aprobó el "Estado de sitio" declarado por el Gobierno para combatir una supuesta proliferación del narcotráfico después de que tres militares murieran en una emboscada de estos grupos.
Durante una sesión plenaria, los parlamentarios, que realizaron algunas enmiendas, validaron en tercer debate, por artículos y en redacción final el acuerdo gubernativo que instaura esta emergencia, por al menos 30 días, en casi una veintena de municipios de seis departamentos del noreste del país, limitando varios derechos constitucionales.
El Gobierno declaró el "Estado de sitio" después de que una brigada de la marina, compuesta por nueve elementos, fuera emboscada por un supuesto grupo de narcotraficantes en el departamento de Izabal el pasado martes, dejando a tres militares fallecidos, cinco heridos y uno ileso.
Con 87 votos a favor, los diputados dieron el visto bueno a este acuerdo después de una discusión en la que algunos parlamentarios, como el indígena y opositor del partido Winaq, Amílcar Pop, se mostrara contrario a esta disposición al entender que detrás se oculta beneficiar a empresas mineras y agroalimentarias en la región, contra las que varias comunidades están en contra.
El estado de sitio, que tendrá una vigencia de 30 días, afectará al departamento de Izabal; y a los municipios de Tactic, Senahú, Tamahú, Tucurú, Panzós, Santa María Cahabón, Santa Catalina la Tinta, Chahal y Fray Bartolomé de Las Casas, en el departamento de Alta Verapaz; a los de Gualán, Río Hondo, Usumatlán y Teculután en Zacapa; Purulhá en Baja Verapaz; y San Agustín Acasaguastlán y San Cristóbal Acasuagastlán, en El Progreso.
Sitio ratificado
El estado de sitio conlleva un toque de queda nocturno y restringe el derecho a manifestarse y efectuar grandes concentraciones.
Guatemala es territorio de tránsito para la cocaína colombiana enviada a Estados Unidos.
El estado de sitio suspende las garantías constitucionales como la libertad de tránsito y la portación de armas de fuego. Además, durante ese tiempo una persona puede ser detenida durante un patrullaje o retén sin que exista una orden de captura en su contra.
La ley de orden público de Guatemala establece que cuando el presidente decreta un estado de sitio, éste debe contar con el aval del Congreso.