El 2 de junio de 2001, el periódico El Siglo de Durango informó sobre las auditorias que el gobierno capitalino realizó en tres administraciones, y donde detectó la recepción de cheques apócrifos y ausencia de registro en cuentas de los contribuyentes cuando hacían pagos en efectivo o con cheques en firme.
Además retiró de sus cargos a seis empleados como medida cautelar, para realizar las investigaciones correspondientes. En un comunicado, el Gobierno de la Ciudad de México detalló que se realizaron operativos de la contraloría interna de la Secretaría de Finanzas en la administración Tributaria Ferreira y en las oficinas auxiliares de Cuitláhuac y Azcapotzalco, en donde se descubrió que funcionarios y empleados estaban involucrados en irregularidades.
OCULTARON ARCHIVOS
La contraloría interna resguardó los archivos con toda la documentación e información inherente a las actividades de dicha administración tributarias de ambas oficinas auxiliares con el fin de evitar que estas se ocultaran.
Los nombres del personal que fue separado de sus cargos en aquella época fueron: Francisco Jaime Ortiz Alexander, administrador auxiliar de la oficina de Cuitláhuac; Román Castillo López, cajero; los operadores de máquinas Manuel Jerónimo Pérez, Fernando Vázquez, Juan Felipe Vázquez y Agustín Lobato García.