Retiran inmunidad a jueza guatemalteca
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala retiró hoy la inmunidad de la jueza Marta Josefina Sierra González de Stalling, quien supuestamente fue sobornada a cambio de liberar en abril pasado a miembros de la millonaria estructura de corrupción "La Línea", que derribó al Gobierno de Otto Pérez Molina.
El Organismo Judicial guatemalteco detalló a través de una declaración pública que el Supremo decidió "por unanimidad" levantar los privilegios que Sierra González disponía por su cargo.
La jueza está acusada de "llegar a acuerdos ilegales" para liberar con fianza a seis sindicados de pertenecer a la red de defraudación aduanera "La Línea", que derribó al Gobierno de Otto Pérez Molina, desaforado y en prisión desde el pasado 3 de septiembre por presuntamente ser líder del grupo delictivo.
El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) solicitaron el retiro de la inmunidad a Sierra González de Stalling por los delitos de cohecho pasivo y prevaricato.
De acuerdo con la investigación de las autoridades, la magistrada envió a prisión preventiva a 16 personas acusadas de pertenecer a "La Línea" en abril pasado, cuando las autoridades destaparon la trama corruptiva, pero les otorgó "arresto domiciliario sin vigilancia" a seis presuntos dirigentes de la estructura.
El MP y la Cicig establecieron "a través de interceptaciones telefónicas" autorizadas por un juez que los sospechosos supuestamente llevaron "una negociación ilegal" con Sierra González de Stalling para liberarlos a cambio de dinero.
El acuerdo fue supuestamente gestionado por Luis Alberto Mendizábal Urritia, uno de los líderes de "La Línea", y quien se encuentra prófugo de las autoridades.
Sierra González de Stalling, quien ahora puede ser citada a declarar o arrestada en cualquier momento, está a cargo desde 1997 del juzgado octavo del ramo penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente.
La estructura criminal supuestamente estaba bajo el mando del expresidente Pérez Molina, quien renunció la semana pasada tras perder la inmunidad del cargo y acorralado por las acusaciones en su contra.
La red operaba en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), donde al menos 49 personas trabajaban en complicidad para ingresar contenedores de productos importados y adueñarse del pago de impuestos que le correspondían al Estado.
El MP y la Cicig calculan que más de 1.500 contenedores entraron ilegalmente al país centroamericano en beneficio de los miembros de "La Línea".