Buscan tipificar robo de mobiliario urbano en Durango
Los diputados locales analizarán una iniciativa de reforma al Código Penal para tipificar el robo de equipamiento o mobiliario urbano, con una pena que iría desde los cuatro hasta los 10 años de prisión.
Durante la sesión ordinaria celebrada este martes, la diputada local Patricia Jiménez Delgado comentó que en los últimos años, de manera evidente para todos, se ha perjudicado el patrimonio municipal debido a la sustracción y destrucción de piezas de ornamento urbano, como es el caso de las obras de escultura metálicas, así como las estrellas que fueron colocadas en el Corredor Peatonal Constitución.
Explicó que la sanción aplicaría por la sustracción, apoderamiento, comercialización, detentación o posesión de cualquier objeto, parte, componente o material utilizado en la prestación de algún servicio público estatal o municipal; tal como el alumbrado, agua potable, drenaje sanitario, drenaje pluvial, señalización vial o urbana o servicio de limpia, incluyendo cualquier alcantarilla o tapa de registro de alguno de los servicios referidos o cualquier clase de mobiliario o equipamiento urbano.
Esta situación igualmente comprende también monumentos, estatuas o placas conmemorativas y aparatos para la práctica deportiva.
“El robo de mobiliario urbano es una acción antijurídica que, a diferencia de otras, por sí mismo pone en situación de riesgo a la ciudadanía que circula por una calle en la que se ha sustraído alguna señal de alto, o que marque la orientación de la circulación vial y ni qué decir del peligro que representa la ausencia de una tapa de alcantarilla debido a que ha sido robada”, resaltó al explicar su propuesta.
La legisladora abundó que el deterioro de un servicio público por el robo del equipamiento respectivo, es un perjuicio que va en contra de la comunidad, pues dichos servicios han sido implementados para alcanzar un bien común y la satisfacción de alguna necesidad de toda la ciudadanía.
En este sentido, informó que varias entidades del país cuentan con una normativa al respecto, como es el caso del Código Penal del Estado de Puebla, el del Estado de México o el de Querétaro, por citar algunos.