Incertidumbre. Se desconoce a ciencia cierta cómo se va a poder garantizar el Derecho de Acceso a la Información.
La propuesta de reforma constitucional deja un vacío jurídico respecto de la administración y gestión de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), que actualmente se reconoce como la herramienta del Estado Mexicano que contiene información pública de los ámbitos federal, estatal y municipal, y deja con la duda razonable de qué sucederá con 15 mil millones de datos.
La propuesta para desaparecer al INAI, contempla que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno será la instancia encargada que asumirá las funciones del instituto a cargo de garantizar la transparencia; no obstante, hay un silencio jurídico en algunos asuntos, como qué pasará con la infraestructura o quién operará la PNT, que concentra cerca de 15 mil millones de registros cargados, además de que administra y gestiona la información de siete mil 407 sujetos obligados, de los cuales seis mil 684 son estatales y 723 pertenecen al orden federal, de acuerdo con la última actualización del 23 de septiembre del padrón de sujetos obligados, por lo que cientos de miles de contratos y solicitudes de información con sus respectivas respuestas tienen un futuro incierto, reveló la comisionada presidenta del IDAIP, Paulina Compeán Torres.
La inminente desaparición del INAI implica volver jurídica y tecnológicamente imposible la administración y operación de la PNT. Esta plataforma es un repositorio que integra información a nivel nacional, que contiene desde el directorio de las administraciones públicas locales e instituciones, sueldos y prestaciones de personas servidoras públicas, hasta licitaciones, contratos y adjudicaciones directas, información financiera, entre otros rubros.
Actualmente, la disponibilidad de esta información resulta posible en virtud de la normatividad en la materia que establece la comunicación entre los órganos garantes, los sujetos obligados y los ciudadanos, así como la autonomía e independencia en las determinaciones y resoluciones de los institutos de transparencia, para poder ordenar por mandato de ley a todas las dependencias a difundir información de forma pública y periódica en sus portales de internet, así como atender los requerimientos o solicitudes de información de naturaleza pública.
Lo mismo sucede con el ejercicio del derecho a la protección de datos personales, ya que la PNT permite realizar solicitudes y quejas en un solo sistema a todas las autoridades de los tres poderes a nivel federal, estatal y municipal, así como organismos autónomos, fondos, fideicomisos, sindicatos y partidos políticos. La propuesta pretende eliminar no solo la autonomía, sino la eficiencia de un sistema que cuenta con una alta especialización a lo largo de poco más de 20 años por lo que la iniciativa resulta regresiva.