Piden denunciar delitos cometidos por niños y adolescentes en Durango

El Magistrado Presidente del Tribunal para Menores Infractores de Durango, Álvaro Rodríguez Alcalá, realizó un llamado a la ciudadanía y a los comerciantes para que denuncien los delitos que sean cometidos por menores de edad, especialmente los robos.

En entrevista, el magistrado enfatizó la importancia de someter a los jóvenes infractores a procesos judiciales como medida preventiva para evitar que escalen a delitos más graves en el futuro.

Rodríguez Alcalá señaló que, aunque el robo es un delito común, en el caso de los adolescentes figura como el tercer delito más reportado. Sin embargo, aclaró que esto no refleja necesariamente una baja incidencia, sino una falta de denuncias y procesos judiciales.

“Sí hay ley, sí hay proceso, sí hay sanción, sí hay un esquema de responsabilidades”, afirmó el Magistrado, instando a la población a utilizar los mecanismos legales existentes.

El funcionario explicó que el valor del objeto robado no es lo primordial en estos casos, sino la acción misma. “Si un niño o un adolescente robó un artículo que a lo mejor es muy barato, no es el valor, lo que pesa es la acción”, indicó.

Según Rodríguez Alcalá, la falta de una experiencia legal temprana puede llevar a que el menor considere fácil cometer delitos, lo que podría resultar en una escalada de actividades ilícitas. Esta progresión está respaldada por estudios criminológicos.

El sistema de justicia para menores en Durango está diseñado con un enfoque educativo, a diferencia del sistema penal para adultos que busca disuadir mediante el temor. Cuando un joven infractor llega al Tribunal, se busca que tome conciencia de la realidad de sus acciones y de las consecuencias que conllevan, a través de lo que denominó como una “experiencia adecuada de legalidad”.

“El sistema para adolescentes está diseñado para educar”, explicó el magistrado.

Rodríguez Alcalá destacó la efectividad de este enfoque, señalando la baja tasa de reincidencia entre los menores procesados. “Hay muy poca reincidencia en adolescentes a diferencia de los adultos”, afirmó, mencionando que solo se han registrado uno o dos casos de reincidencia desde el año 2022.

También abordó la importancia de investigar a posibles instigadores adultos detrás de los robos juveniles. Señaló que al no denunciar, se pierde la oportunidad de identificar a quienes podrían estar fomentando una cultura delincuencial entre los menores.

“Ese adulto debe responder penalmente por lo que está haciendo, está dañando las emociones de ese niño y su reputación”, enfatizó.

Para atender estos casos, Durango cuenta con un sistema integral que incluye unidades especializadas en la Fiscalía General del Estado, defensores especializados y una Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas dedicada a estos asuntos. Este engranaje completo, como lo describió el Magistrado Presidente, está diseñado para manejar casos de infractores entre 12 y 17 años de edad.

El Magistrado hizo hincapié en el impacto positivo que puede tener la intervención judicial en las comunidades de Durango, considerando que muchos de los jóvenes que delinquen son líderes en sus colonias, por lo que al proporcionarles una experiencia legal y herramientas como habilidades o educación, pueden regresar a sus barrios, colonias, poblados y fraccionamientos e influir positivamente en otros jóvenes.

La postura del Tribunal para Menores Infractores de Durango reflejó un enfoque que busca equilibrar la responsabilidad legal con la oportunidad de rehabilitación. Al instar a la denuncia y al procesamiento de menores infractores se busca no solo abordar los delitos actuales, sino también prevenir futuros comportamientos delictivos más graves.

Esta estrategia, sin embargo, plantea la necesidad de que las víctimas de delitos se animen a denuncias y la necesidad de responsabilizar a los menores infractores por sus acciones.

El llamado del magistrado Rodríguez Alcalá a la comunidad para que participe activamente en este proceso, denunciando los delitos cometidos por menores, subraya la importancia de la colaboración entre el sistema judicial y la sociedad en la prevención del delito juvenil. No obstante, este enfoque también resalta la necesidad de que el sistema cuente con los recursos y la capacitación adecuadas para manejar estos casos de manera que verdaderamente beneficie a los jóvenes y a la comunidad en general.